La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene, lo que supondrá un ahorro de "en torno a de 334 millones de euros, con mayor impacto en las rentas bajas,".

Con esta medida, ha explicado: “si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación”. Y añade: "No vamos a aprovechar la inflación para hacer trampa y subir los impuestos por la puerta de atrás. Al contrario, deflactar es también una forma de bajar impuestos".

“Si no hacemos nada, se provocaría una subida de impuestos que queremos evitar, una subida encubierta que lo único que hace es dificultar aún más el acceso de las familias a un coste de la vida que está en permanente crecimiento por todo lo expuesto”, ha indicado la presidenta.

Tal y como ha detallado el Gobierno regional, la medida entrará en vigor el 1 de enero de 2023, por lo que se vería reflejada en la declaración de la renta que se realice un año después. Sostienen que, de no llevar a cabo esta medida, los contribuyentes sufrirían subidas fiscales encubiertas, que no se corresponderían con una mejora real en su poder adquisitivo: "Vamos a corregir los tramos de renta por los que tributa cada madrileño para que se ajusten a la inflación, es decir, que la subida de precios no se traduzca además en una subida de impuestos encubierta debido a que sus salarios han perdido poder adquisitivo".

Y añaden: "El último dato de IPC lo sitúa en el 8,3% y las previsiones apuntan que se llegará a los dos dígitos en los próximos meses. Esta situación, unida a la crisis energética y la guerra de Ucrania, está repercutiendo de manera negativa en el bolsillo de los ciudadanos, encareciendo el precio de los carburantes y la cesta de la compra, entre otras cuestiones".

Esta deflactación del IRPF supone que el impuesto se adaptará a los cambios en los precios y los salarios, implicará actualizar las cuantías de los tramos, los mínimos personales y las reducciones.

Lo que hay que bajar son las cuotas sociales. O lo que es lo mismo: no hay que subvencionar los precios, hay que crear empleo y suprimir subvenciones. También el ingreso mínimo vital o los ertes. Pero, sobre todo, hay que reducir el gasto público, reducir la elefantiasis de políticos e instituciones. No sólo por lo que cobran ellos, que también, sino por el gasto público que provocan: una verdadera losa para las economías familiares.