Este viernes, en rueda de prensa, el sector del automóvil español ha advertido al Gobierno que “está en juego el futuro del 60% de la industria de este país”, como ha señalado José Vicente de los Mozos, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) -entre otros cargos, que suma en Renault e Ifema-. Considera que “el automóvil es un proyecto de país”, pues emplea a más de dos millones de personas y factura 100.000 millones de euros al año, pero necesita “seguridad jurídica” y claridad.

Las principales asociaciones del sector (fabricantes de coches -Anfac- y componentes -Sernauto-, concesionarios, distribución y venta -Faconauto y Ganvam-) han referido la “situación insostenible” que viven y que se exponen a una crisis prolongada, pues fechan la recuperación para 2022. Critican que los planes prometidos no se ponen en marcha o lo hacen de forma ineficiente, por ejemplo, el presentado en junio por Pedro Sánchez: “El anuncio representa un 5% del plan, el 95% es implementación”, ha recordado De los Mozos.

Las asociaciones también piden que se evite la subida del Impuesto de Matriculación como consecuencia de la nueva normativa europea de emisiones: se pueden perder 110.000 coches en 2021, según BBVA Research

María Helena Antolín, presidenta de Sernauto y vicepresidenta de Grupo Antolin, ha señalado que “apoyar la industria de la automoción supone apoyar el empleo industrial y la innovación, una apuesta de recuperación”. Y ha recordado que con la innovación han reducido considerablemente sus emisiones desde 1990, en concreto, las de CO2 lo han hecho en un 35%, y también han reducido el peso de los componentes en un 25%.

El sector pide un modelo único y una hoja de ruta clara, que la Mesa de la Automoción cumpla su papel de interlocutor único, liderada por el Ministerio de Industria y con participación de los restantes ministerios, administraciones, además del sector y los agentes sociales. Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, ha reclamado “un nuevo Plan Renove con la mayor rapidez”, similar al de los ocho planes PIVE del pasado, de 2.000 euros por coche (1.000 del Gobierno y 1.000 de los fabricantes), porque “sólo podremos reducir emisiones si reducimos el parque antiguo” (la edad media del coche español es de casi 13 años).

Según Ganvam, el coche eléctrico no se vende porque es excesivamente caro, la infraestructura de recarga es insuficiente y aún hay que trabajar en su autonomía para que sea igual que la de los de combustión”

Las asociaciones también piden que se evite la subida del Impuesto de Matriculación como consecuencia de la nueva normativa europea de emisiones. “Se pueden perder 110.000 coches en 2021, según ha estimado BBVA Research”, ha afirmado Pérez, que considera que se debe “priorizar el grupo de fiscalidad” dentro de la Mesa de la Automoción y si es posible evitar la subida del impuesto, porque podría suponer la pérdida de entre 16.000 y 18.000 empleos sólo en el sector de la distribución, que no se puede permitir lo que le ocurrió con la crisis de 2008 (“se perdieron 50.000 colaboradores”). Por su parte, el presidente de Ganvam, Raúl Palacios, ha respondido ante la pregunta de Hispanidad que “cualquier impuesto sobre hidrocarburos (en alusión al FNSSE que supondrá un incremento de los carburantes) afecta a la compra de vehículos de combustión”, pero no considera que vaya a ayudar a vender más coches eléctricos. “El coche eléctrico no se vende porque es excesivamente caro, la infraestructura de recarga es insuficiente y aún hay que trabajar en su autonomía para que sea igual que la de los de combustión”, ha apuntado.