El Tribunal Supremo ha ordenado a la Dirección General de la Policía que facilite los datos de la nacionalidad de las personas extranjeras internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La sentencia, que da la razón al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), establece que la Administración no puede limitar el derecho de acceso a la información pública con el argumento genérico de un posible perjuicio para las relaciones exteriores de España.

La nacionalidad de los internos es un dato estadístico que, según argumentó el SJM ante el tribunal, no compromete la seguridad nacional ni las relaciones diplomáticas. El Supremo acepta ese razonamiento y concluye que la Administración no ha acreditado que su divulgación vaya a causar un perjuicio real y efectivo a la política exterior española.

El Servicio Jesuita a Migrantes había pedido en 2022 los datos de nacionalidad de todas las personas ingresadas en los CIE, desglosados por año y por centro. La Dirección General de la Policía denegó la petición alegando que su divulgación podía «perjudicar las relaciones con los países de origen» y, con ello, la cooperación en materia migratoria. En su recurso de casación, el SJM recordó que la transparencia sobre los CIE es una exigencia de las recomendaciones del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, que visitó los centros en 2018. El alto tribunal ha tenido en cuenta ese contexto de escrutinio internacional.

Desde la ONG han valorado la resolución como «un avance hacia una mayor transparencia activa» y destacan que el acceso a los datos de nacionalidad permitirá analizar «con mayor rigor» aspectos como la ejecución efectiva de las expulsiones o el impacto del control fronterizo en función del país de procedencia. La entidad ha recordado que lleva años denunciando en sus informes anuales la «opacidad» en torno al funcionamiento de los CIE.

A partir de ahora, según el auto, para restringir el acceso a la información pública, el Ejecutivo deberá acreditar un «perjuicio concreto y tangible, no meramente hipotético», además de tener en cuenta el «interés social» de conocer la información solicitada. Este último argumento ya lo compartió el actual portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, en una entrevista con Hispanidad.

Por otra parte, la información del origen de los migrantes, tiene una derivada que llega hasta la petición de que se de a conocer la nacionalidad de quienes cometen delitos -aunque no hayan sido encarcelados-. De hecho, la mayoría de los españoles apoya que la Policía Nacional publique la nacionalidad de los delincuentes... ¿y por qué no hacerlo?

Y ahí tenemos, erre que erre, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha discrepado, por ejemplo, con la Ertzaintza -que, junto con los Mossos de Esquadra, publica el origen de los delincuentes- y asegura que hacerlo «no es necesario para prevenir delitos», ya que “la criminalidad depende de la vulnerabilidad social".

 Por lo tanto, con esta decisión de que se faciliten los datos de la nacionalidad de los extranjeros en los CIE, asistimos a un nuuevo varapalo del Tribunal Supremo a Marlaska.