Sucedió en Almería. Una examinadora de tráfico de Almería fue denunciada en los juzgados por "delito de odio", al referirse a la alumna, una chica que dice ser un hombre, por el nombre que aparecía en su DNI y que le pusieron sus padres al nacer. Y la denuncia no es baladí: recuerden que el delito de odio conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel. 

Según recoge el diario La Voz de Almería, la persona afectada, una mujer de 23 años que dice llamarse Alberto, se habría sentido "humillada" cuando, durante la prueba de conducir, la examinadora se dirigió a la la joven por su nombre. "Cuando llegué estaba sentado en un escalón, completamente blanco", ha narrado su progenitor, quien ha detallado que su hijo le confesó haberse sentido "humillado por parte de una de las examinadoras" cuando, en presencia de otras personas, se había dirigido a él por su "antiguo nombre y género" tanto al ser llamado para hacer la prueba como durante el desarrollo de la misma.

Tal como recoge Religión en Libertad, por decisión propia, continuó realizando el examen de conducir, que resultó suspenso por una falta "muy grave" en una intersección al comienzo del ejercicio.

Según la denuncia presentada, como los otros testigos que iban en el coche no aceptaban que la falta fuese tal o que la prueba continuase pese a estar suspensa fue motivo suficiente para interponer la denuncia por prevaricación administrativa.

De este modo, sería un caso atípico y una violación de la autoridad de los examinadores pretender que estos deban alterar el resultado final de la prueba simplemente porque los testigos estén en contra de que una falta sea tal, especialmente en una situación marcada por un claro sesgo subjetivo e ideológico como es la cuestión de género.

Los denunciantes pretenden que la examinadora incumpla con sus obligaciones administrativas como funcionaria respecto de las normas dictadas por la Dirección General de Tráfico, que mandan dirigirse a los alumnos por los nombres recogidos en el DNI

Además, los examinadores no están obligados a paralizar el examen una vez se comete una falta grave: en muchos casos los examinandos, aún estando suspensos, continúan la prueba hasta finalizar, pudiendo conocer o no el resultado, que suele expresarse una vez concluido el examen.

Los hechos no concluyeron ahí: finalizada la prueba, la joven y su padre acudieron a las dependencias de la Jefatura Provincial de Tráfico para solicitar una disculpa, que finalmente recibieron de manos de dos funcionarios que les recibieron.

La familia, no conforme con esta actuación, ha solicitado una audiencia con el subdelegado de Gobierno, presentando una denuncia contra la examinadora por los hechos. De este modo, los denunciantes pretenden que esta incumpla con sus obligaciones administrativas como funcionaria respecto de las normas dictadas por la Dirección General de Tráfico, que mandan dirigirse a los alumnos por los nombres recogidos en el DNI.

Por su parte, la examinadora ha recibido el apoyo de ASEXTRA que, a través de un comunicado, ha condenado la "injusta acusación" ante el "supuesto delito de odio" de la que está siendo víctima, manifestando el "apoyo incondicional" de la Asociación de Examinadores.