Hispanidad recogió la noticia de la gincana porno organizada por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona) para edades de entre 12 y los 30 años y sin el consentimiento paterno.

La noticia generó indignación en los padres que estudiaron incluso llevar el caso a los tribunales.

Al parecer, la última responsable fue la concejal de Juventud, Participación Ciudadana, Igualdad y Transparencia, Montse Gual, quien al principio, lejos de retractarse, defendió la susodicha actividad, y en su comparecencia pública ante los medios, aseguró que este tipo de pruebas se habían llevado a cabo en otros municipios con el objetivo de fortalecer la educación sexual, que las pruebas fueron validadas técnicamente y que los resultados se evaluarían a posteriori, recoge RTVE.

Pero al final, y según informa Libertad Digital, Gual ha presentado su dimisión, pero no por la polémica y las presiones de los padres, sino por las presiones de su propio partido, que han sido letales para la concejal.

Además, la gincana porno le va a salir cara a Gual, pues la Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que se querella contra ella por un presunto delito de incitación a la práctica sexual a menores de 16 años [Art. 183 bis CP] y otro delito de exhibicionismo [Art. 185 CP].

Abogados Cristianos presentará además ante la Agencia Española de Protección de Datos una denuncia contra el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa por la difusión de imágenes de los menores sin autorización

Abogados Cristianos presentará además ante la Agencia Española de Protección de Datos una denuncia contra el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa por la difusión de imágenes de los menores sin autorización.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, recuerda que "los padres tenemos el derecho a decidir sobre la educación que reciben nuestros hijos. Estas actividades no sólo no son educativas, sino que constituyen un delito”. “La dimisión de la concejal no es más que un reconocimiento de su responsabilidad. La justicia no puede dejar impunes estos comportamientos. No podemos permitir que los políticos vulneren nuestros derechos fundamentales”, añade Castellanos.