Lo explica muy bien en este vídeo una letrada de la administración de justicia y encargada del registro civil
Más consecuencias de haber tenido a Irene Montero como Ministra en España. Lo explica muy bien en este vídeo una letrada de la administración de justicia y encargada del registro civil.
"Se multiplican los casos de hombres que cambian su sexo registral. Me han quitado todas las herrramientas contra el fraude: no puedo hacer preguntas, no podemos hacer nuestro trabajo".
— Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) May 12, 2024
Encargada de Registro Civil.#LetWomenSpeakMadrid #DejadHablarALasMujeres@StandingforXX pic.twitter.com/9M581FcLq6
Es algo que se podía intuir sabiendo que según datos del registro (Inforeg y Dicireg) a los que ha tenido acceso Europa Press, un total de 1.306 personas modificaron su sexo en el Registro Civil en 2022, dato que cuadruplica los registrados en 2012. Si comparamos con los años 2004 y 2005 o 2006, las cifras bajan a 3 casos y un trámite, respectivamente.
Las cifras se disparan cuando se aprueba la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, una de las normas estrella del Ministerio de Igualdad, de la cual se habla en el vídeo. Y una vez más y como se hizo costumbre en las leyes de Irene Montero, fue aprobada desoyendo las recomendaciones de los expertos.
Uno de los puntos más polémicos del texto es la autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 14 años. Si se trata de personas menores de 18 años y mayores de 16, podrán pedir la rectificación del sexo de forma autónoma, y entre 14 y 16 años, lo podrán hacer, pero asistidos por su padre, madre o tutor legal. En cambio, entre los 12 y los 14 años se necesita una aprobación judicial y el juez puede pedir las pruebas que considere necesarias.
La norma reconoce la identidad de la persona trans a través de un procedimiento administrativo en el Registro Civil, donde la persona interesada expresa su voluntad ante el funcionario y es efectivo a los tres meses cuando ratifique su deseo. Así, elimina cualquier informe o diagnóstico médico o psicológico que acredite su disforia de género y la necesidad de haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años.
Lo cual puede llevar a serios problemas. Por un lado, los que hemos visto con los presos que han pedido su traslado a cárceles de mujeres. Además de las injusticias que pueden sufrir las mujeres biológicas en sus carreras profesionales, como puede ser en el deporte o el caso que conocimos en las pruebas a policía de Torrelodones.