Hace poco más de un mes Irene Montero aprobada, sin escuchar a los expertos, su ley Trans. En estos días las consecuencias de su rodillo se han hecho patentes. Por ejemplo, el condenado por abusar sexual a su hermanastra menor, que se ha cambiado de sexo para entrar en una cárcel de mujeres, o los seis presos que han solicitado un cambio de sexo para ser trasladados a módulos de mujeres, uno de los cuales está condenado por violencia de género. 

Ante las peticiones de cambio de sexo por parte de reclusos y el riesgo que este puede suponer para las mujeres internas, la ministra de Igualdad ha sido preguntada el tema:  "las mujeres trans pueden ir a módulos de mujeres incluso sin haber cumplido con los requisitos exigidos para el cambio de la mención de sexo en el registro". La Ley Trans, la cual, ha insistido, "garantiza que los derechos de las personas trans son derechos humanos" y la "obligación del Estado de combatir la transfobia". Y ha asegurado que el Gobierno de coalición tiene "muy claro" que los derechos de las personas trans son derechos humanos y que su tarea "es garantizarlo". "Ya vamos demasiado tarde en ello", ha sentenciado. 

Para entendernos: los derechos de las personas trans son "derechos humanos", pero los derechos de las mujeres la ministra de Igualdad los deja para otro día. Otro 'éxito' de doña Irene Montero y sus leyes progres