La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad, ha sido hoy aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados. Y una vez más y como ya es costumbre en las Leyes de Irene, ha sido aprobada desoyendo las recomendaciones de los expertos. Irene no ha querido escuchar ni a la progre ONU, que ha advertido de las consecuencias de la Ley. Tampoco se ha escuchado a los médicos, cambias tu cuerpo por completo, pero un médico, que es quien tiene que operarte, no tiene sentido que diga nada. Empezamos bien. 

La Ley permitirá la autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 14 años. Si se trata de personas menores de dieciocho años y mayores de dieciséis podrán pedir la rectificación del sexo de forma autónoma, y entre catorce y dieciséis años, lo podrán hacer, pero asistidos por su padre, madre o tutor legal. En cambio, entre los 12 y los 14 años se necesita una aprobación judicial y el juez puede pedir las pruebas que considere necesarias. Aunque recuerden el caso de un niño de 8 años que tiene, según un juez, la "suficiente madurez" para concederle el cambio de sexo.

La norma reconoce la identidad de la persona trans a través de un procedimiento administrativo en el Registro Civil, donde la persona interesada expresará su voluntad ante el funcionario y será efectivo a los tres meses cuando ratifique su deseo. A Irene le dan exactamente igual el aumento de casos de trans arrepentidos, para ella es suficiente con rellenar un formulario y ratificarlo tres meses después. A lo que hay que sumar que numerosos países que ya tenían leyes como esta han dado un paso atrás por el aumento de estos casos y por las consecuencias de la norma. 

Así, elimina cualquier informe o diagnóstico médico o psicológico que acredite su disforia de género y la necesidad de haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años. Una vez más, Irene pasa de las alarmas que han hecho saltar casos reales como el que denunciaba Juana, madre de Éric: "Ningún psicólogo trató a mi hijo y ahora está muerto". Éric dijo que era trans al ver unos vídeos, su madre le apoyó, pero ningún médico le trató, al valer tan solo la opinión de la persona trans, Éric no tuvo que ir a especialistas para comenzar con su hormonación, seis meses después, se suicidó. 

El texto también prohíbe las terapias de conversión, "con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales". A Irene no le importa lo que opine la persona trans, si ella misma quiere acudir a terapia, no es no. Pero por el contrario, el abastecimiento de medicamentos empleados en los tratamientos hormonales estará garantizado. 

La Ley también 'mezcla' derechos para el colectivo LGTBIQ+. Entre otras cuestiones, modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas, además, tendrán acceso garantizado a las técnicas de reproducción asistida. 

Y, como buena ley de Irene Montero, la educación no puede faltar: se reforzará la educación en diversidad con contenidos específicos en los currículos escolares y los niños menores de 12 años deberán ser tratados en sus centros educativos conforme al nombre que hayan elegido. También se formará al profesorado en la materia, y se promoverán "programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de enfermedades de transmisión sexual".

Y por supuesto, habrá sanciones: se creará un régimen de infracciones frente a actos de discriminación a personas LGTBI, con sanciones de hasta 150.000 euros para casos muy graves.