Decíamos en Hispanidad que lo que se persigue con los delitos de odio es al discrepante, a todo aquel que se atreva a discrepar del Gobierno o a pronunciar algo políticamente incorrecto. Y ojo, porque hablamos de un artículo, el 510 de la Constitución, que implica una pena de hasta cuatro años de cárcel para el acusado. Por ejemplo, la ciudadana Carmen López, quien explica a El Debate: «Alguien me ha denunciado. No sé exactamente quién ha sido, pero sospecho que puede tratarse de alguna asociación islámica o marroquí del barrio de Lavapiés». Según denuncia Carmen, «existe una persecución por parte de estas asociaciones hacia quienes denunciamos lo que consideramos una islamización de la educación».

En su caso, recientemente, Carmen recibió una carta de la Fiscalía Provincial de Madrid. En ella, se le informaba de que este órgano, a través de su sección de delitos de odio y discriminación, acordaba la presentación de una denuncia en relación con la aparición de una pancarta con el lema 'Fuera el Islam de las escuelas' en un centro educativo de la capital.

En España, hay varias comunidades autónomas, del PSOE y del PP, que imparten Lengua árabe y cultura marroquí, en sus centros públicos. Para ello, contratan profesores que llegan de Marruecos, para enseñar árabe a inmigrantes y que "salvaguarden su identidad". Esos docentes a los que Carmen López recuerda que pagan todos los españoles. 

Pero resulta que esos alumnos que reciben esas enseñanzas viven en España y acuden a clases en España, pero, al parecer, a nadie se le ha ocurrido que, para integrarse en el país que los acoge, uno de los primeros requisitos es hablar el idioma de dicho país. Entonces, ¿no sería más lógico contar con profesores de español que les enseñaran el idioma a esos alumnos?

Por lo visto, la lógica no es progre, así que, regiones como Andalucía, Cataluña, Ceuta, Melilla, Aragón, La Rioja o País Vasco, por ejemplo, prefieren aplicar el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) aprobado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En concreto, este PLACM, suscrito entre el Gobierno de Sánchez y el de Marruecos, tiene como objetivo, advertía en su día, Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía: “enseñar la cultura marroquí y la lengua árabe en los centros de educación Infantil y secundaria andaluces a alumnos marroquíes y a los alumnos españoles que se quieran apuntar” y en el que, por ejemplo, en el caso de Andalucía, el pepero “Moreno Bonilla poniendo a su disposición las aulas y las infraestructuras educativas” andaluzas.

Ya en su día, el diputado de Vox por Córdoba y portavoz del Grupo Parlamentario en la Comisión de Educación, José Ramírez, defendía en el Congreso la Proposición No de Ley para solicitar la suspensión del programa de lengua árabe y cultura marroquí que se imparte en centros educativos españoles en virtud de un acuerdo con el Reino de Marruecos.