El Parlamento europeo citó a la consejera de Educación de la Generalidad para que compareciera en la sesión del miércoles 14 del Comité de Peticiones (PETI, por sus siglas en inglés) donde debía responder a las acusasiones de algunas asociaciones en defensa del bilingüismo que aseguran que Cataluña no está cumpliendo las instrucciones de la misión europea de 2023 y que sigue excluyendo al castellano en las aulas. Pues bien, Esther Niubó, 'pasa de Europa', no asistirá y ha alegado «motivos de agenda», según ha podido saber ABC.

Desde Vox y algunas entidades en defensa del castellano daban por hecho ya el desplante de la consejera.

Mientras, el Gobierno del PSC de Salvador Illa va a firmar con ERC y los comunes el denominado Pacta Nacional por la Lengua, un documento que fija las nuevas directrices para la imposición del catalán en el ámbito público y privado.

El documento marca como nuevos objetivos extender la imposición del catalán en la empresa privada y a la Administración General del Estado.

Socialistas y separatistas quieren «impulsar el uso del catalán como lengua habitual en los centros de trabajo» o «promover desde la Administración cláusulas de contratación pública» que impongan como condición el conocimiento del catalán para optar a adjudicaciones de la Generalidad.

Según La Gaceta, además, buscan conseguir que la Administración general del Estado «asuma la oficialidad plena del catalán en lo que se refiere a las relaciones de la ciudadanía de Cataluña con las administraciones estatales y las empresas concesionarias».

El socialista Illa y sus socios de legislatura se comprometen a «garantizar» esa «oficialidad» plena «en las actividades presenciales del Estado en Cataluña, en las empresas públicas de titularidad estatal y en las empresas concesionarias, incluidas las grandes infraestructuras ubicadas en Cataluña, como puertos y aeropuertos».