Publica El Mundo que es la primera vez un ayuntamiento sanciona por discriminación directa en el acceso a la vivienda por razón de origen. El Consistorio -el barcelonés de Inmaculada Colau- impone a 45.000 euros a la propiedad del un piso y la empresa que lo comercializa por negar la posibilidad de alquilarlo a una persona de origen marroquí. Según el mismo diario, la discriminación tuvo lugar en el momento en que, después de manifestar el interés en alquilar la vivienda y acreditar el nivel de solvencia suficiente, la inmobiliaria no respondiera la petición y argumentara que se había elegido otra candidatura a pesar de que el piso siguiera vacío y disponible semanas después.

Sostiene el Ayuntamiento de Colau que el objetivo de esta medida no es la recaudatoria sino la de transformar y que los operadores inmobiliarios eviten toda acción discriminatoria, según el Ayuntamiento. En este sentido, desde la (Oficina por la No Discriminación) OND ha contactado al sector reeterando el ofrecimiento de formación en derechos de las personas arrendatarias de acuerdo con la legislación vigente en materia de antidiscriminación.

Es la segunda vez que el Ayuntamiento de Barcelona sanciona un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen, si bien en el primer caso la falta era para un anuncio de un piso que se ofrecía sólo a personas españolas.

Otro ejemplo más de que es el acusado -en este caso el propietario- quien tiene que demostrar su inocencia. 

A todo esto, ¿por qué no puedo yo alquilar mi piso a quien me venga en gana?