Según publica OK diario, la reforma de la inmigración que prepara el PSOE se dirige en uno de sus puntos a los caseros que nieguen a los inmigrantes el alquiler de una vivienda. Los socialistas han incluido ya en la ponencia de la futura ley la creación de una “figura o recurso (como línea de teléfono para denuncia) de protección frente a la discriminación en el proceso de exclusión residencial para las personas migrantes”. Traducido: los inmigrantes contarán con un elemento acelerado de denuncia contra aquellos propietarios que no les quieran alquilar un piso y a los que puedan acusar, por ello, de racismo. Y es en este punto donde una vez más -al igual que sucede con los delitos de odio- el acusado tendrá que demostrar que es inocente.

La medida aparece recogida en el texto de la ponencia que ya se tramita en el Senado y se encuentra en el apartado ‘Lucha contra el Racismo y la Xenofobia’. Allí aparecen distintos puntos, como la exigencia de “reforzar, desde un enfoque interseccional que incorpore la perspectiva de género, de diversidad sexual, discapacidad y los derechos de la infancia y adolescencia, la Estrategia contra el racismo y la xenofobia, aunando políticas públicas e iniciativas no gubernamentales e incidiendo especialmente en acciones en materia educativa, de comunicación y de sensibilización, con el objeto de poner fin a las discriminaciones por motivos raciales que existen en España en cuestiones tan básicas como el acceso a la vivienda, el empleo o la sanidad y que generan condiciones laborales de explotación”.

Racismo y xenofobia en vivienda

Según Ok diario, las medidas de apoyo a los inmigrantes van más allá y plantean “liderar dentro de la Unión Europea la imprescindible reforma del SECA [Sistema Europeo Común de Asilo], homogeneizando dentro de la UE el acceso a la documentación de las personas solicitantes de protección internacional y el acceso a las correspondientes autorizaciones de trabajo” y “promover en el ámbito europeo la implementación del Pacto Global para las Migraciones (Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU, procurando así un cambio normativo que permita nuevas formas para facilitar la migración regular”.