El Consejo de Estado, órgano presidido por Teresa Fernández de la Vega, considera que todos los menores de edad deberían contar con un aval judicial para cambiar de sexo, y no sólo los que tienen entre 12 y 14 años como estipula la recién aprobada Ley Trans. El órgano, presidido por María Teresa Fernández de la Vega, afirma que se trata de "una garantía fundamental" para evitar "decisiones precipitadas". Un ejemplo, el caso del joven Ritchie Herron, en Reino Unido, quien dice que la vida ha sido insoportable desde la cirugía que hace cuatro años se practicó, su objetivo o deseo era cambiar de sexo, pero lo dejaron infértil e incontinente.

"La intervención judicial se convierte en una garantía fundamental para el menor de edad que expresa su deseo de transitar de un sexo a otro", afirma el informe sobre la ley (Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) presentado al Ministerio de Igualdad, que en la versión remitida hace unos días a las Cortes ignoró esta y otras propuestas de mejora del texto.

Tal como recoge la SER, el Consejo de Estado da por reconocida la autodeterminación de género, pero cree que se debe exigir en todos los casos, adultos y menores, un informe médico o psicológico que acredite la discordancia de género como aparece definida por la OMS.

El informe, que es preceptivo pero no vinculante, reclama además plazos y límites cuantitativos para los casos en los que se quiera revertir el cambio de sexo y entre las objeciones destaca también su rechazo a que se cambie en el Código Civil el término madre por progenitor gestante.