Un nuevo caso que ha tenido lugar en La Coruña, sólo confirma la caradura y la impunidad con la que actúa el okupa
En el mundo okupa cada día encontramos un caso que nos sorprende. En Hispanidad hemos conocido historias que demuestran la caradura y la impunidad con la que actúan: esta misma semana les hablábamos de del okupa que se había metido en la casa de una enferma de Parkinson, la había alquilado para la Feria de Sevilla y la historia acabó con el hermano de la propietaria detenido por la Policía. O la cola que se hizo en un desahucio para volver a okupar la vivienda y la inquiokupa que amenazó a la propietaria.
Y un nuevo caso que ha tenido lugar en La Coruña, sólo lo confirma. Ocurrió en marzo, una mujer se puso en contacto con una empresa de pisos turísticos, estaba interesada en alquilar un apartamento de lujo en el centro durante un fin de semana, al estar la vivienda disponible, se cerró el trato.
La mujer abonó la fianza, recogió las llaves y se fue al inmueble acompañada de dos perros y dos gatos. Pero al pasar el tiempo por el que tenía arrendado el piso, no abandonó la vivienda. Fue entonces cuando vieron que había cambiado la cerradura y había desconectado el telefonillo para que nadie la molestara.
Pasó Semana Santa en el apartamento, temporada alta en la que el legítimo propietario no pudo alquilar el inmueble, y así hasta mes y medio en el que se negó a irse. Bueno, sí estaba abierta a marcharse, a cambio de recibir 5.000 euros.
La propiedad tomó la decisión de recurrir a los servicios de una empresa de desokupación, que consiguió echarla en dos días, pero a la mujer le gustaba la zona, por lo que a las dos horas ya había allanado otro piso e incluso lo intentó con un tercero. Cuando la empresa recuperó el piso, se lo encontraron lleno de basura, muebles rotos y excrementos de animales.
La mujer actuó sabiendo que la situación jugaba a su favor. Se trataba de un piso de alquiler turístico, es decir, una segunda vivienda para el propietario, en la cual, en principio, no necesita vivir, por lo que dejó de responder a las llamadas de la empresa de alquiler y a las del propietario. Su chantaje pidiendo 5.000 euros demuestra que conocía la situación en la que si se iniciaba un proceso judicial, gracias al decreto antidesahucios del Gobierno, podía estar en ese apartamento durante años.
