Los grandes multimedia presionan a los partidos políticos para controlar el sector del clipping. Moncloa pidió en la tarde del martes todas las enmiendas presentadas en el Senado. En paralelo, Teddy Bautista, envía una carta para mantener la actual situación, en la que es la SGAE quien fija las tarifas de derechos de autor. Último éxito de la SGAE: filmaciones secretas en bodas, bautizos y primeras comuniones

Lo decía un senador socialista, en la tarde-noche del martes 18 de febrero : Nunca creí que se pudiera alcanzar una presión tan intensa como las que están ejerciendo los editores. Los grandes editores, se entiende, sobre el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, se entiende, para conseguir, se entiende, que sean ellos los que puedan, no sólo cobrar, sino conceder autorizaciones para realizar cualquier resumen de prensa. Unidos en Gedeprensa, y gracias al miedo que les tiene el Gobierno Zapatero, los Polanco, Bergareche, Castellanos, Pedro J. Ramírez, Lara, Godó, etc., no se cortan: quieren que se retire la pérfida es decir, bonísima- enmienda que alguien coló en el Congreso de los Diputados en la LPI, según la cual, quienes realicen cualquier resumen de prensa deberán pagar a los grandes editores un canon, pero no necesitarán autorización alguna para ello. Los socios de Gedeprensa, el lobby más poderoso de España, quiere ambas cosa: dinero y poder.

Nuestro senador se quedó de piedra cuando, a las ocho de la tarde-noche, Moncloa ordenaba que se enviaran a Presidencia del Gobierno todas las enmiendas presentadas en el Senado, cuyo plazo terminaba ayer. Quizás se trataba de un gesto para remarcar la división de poderes que rige en España

Pero esta no es la única cuestión polémica en la famosa Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Como es sabido, la ministra de Cultura, apadrinada por las entidades de gestión de derechos de autor (los famosos y enriquecidos intermediarios de la propiedad intelectual, encabezados por la SGAE) exigen que, para terminar con la piratería, se establezca un canon o impuesto sobre las líneas Internet de ADSL y sobre todo tipo de banda ancha. Es su forma liberal de luchar contra la piratería. El ministro de tecnología, José Montilla, se niega, y ha hecho recular a su colega de Cultura, Carmen Calvo, siempre enamorada de la creación artística.

¿Podría permitirse? Pues bien, el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista ha enviado una carta a sus socios que no tiene desperdicio. En ella, se alerta ante un proyecto de ley que puede dejar en manos arbitrarias (es decir, en manos ajenas a la SGAE) la fijación de los precios por emisión de canciones películas etc. Esto no puede ser, porque echarían por tierra todo el suculento negocio de estas entidades de derechos, que consiste en exigir a radios y televisiones, hoteles, etc., un porcentaje de la facturación independientemente de los autores adscritos a cada entidad de gestión de derechos y de la utilización que dichos medios hayan relaiado de sus autores patrocinados. SI alguien tiene que arbitrar el cobro, el árbitro es la SGAE.

Por cierto, la última maravilla de la SGAE es enviar detectives a realizar grabaciones piratas a bodas, comuniones o bautizos y luego irse al Juzgado. Allí se demuestra, con vídeos, cómo los hoteles o restaurantes han hecho sonar música pongamos Paquito el Chocolatero- sin pagar derechos de autor. A partir de ahí pueden solicitar a un hotel 40.000 euros al año, por ejemplo. Los jueces advierten que es repugnante la forma de obtener las pruebas, pero que, naturalmente, hay que pagar la propiedad intelectual.