La apertura del año judicial se producía apenas horas después de que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, acusara al PSOE de crear un estado policial.

No me cae simpática la número dos del PP pero aquí anda cargada de razón. ¿Que no puede demostrar su acusación? Lógico, es que los instrumentos para demostrarlo, policía y tribunales, están controlados por el Gobierno. Además, no todo lo que es verdad es demostrable.

Estado policial y judicial, porque el actual Gobierno utiliza a la policía contra el adversario, ciertamente, pero sobre todo utilizaba a quien manda en la policía, que son jueces y fiscales.

Probablemente, el Rey, hinchado a costa de su enfermedad, le ha tocado presidir el acto más vergonzoso de apertura del año judicial.

Allí, el ministro Caamaño se dedicó, no a impulsar la justicia por encima de las ideologías sino a barrer para casa. Lo del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, uno de nuestros peores ciudadanos, fue más allá: utilizó el muy institucional acto para defender su sectaria gestión de apoyo al Gobierno y a los grandes poderes económicos (recordemos la vergonzosa actitud del fiscal general en casos como en las cesiones de crédito del Santander) o en su colaboración con el juez Garzón en persecución del Partido Popular). Conde Pumpido es socialista antes que fiscal, por lo que se ha convertido en el mejor agente electoral del Ejecutivo.

Junto a la limitación de mandatos del presidente del Gobierno a ocho años, una de las medidas que más precisa esta democracia mortecina que es la española consiste en implantar la justicia popular. Elección popular de jueces y elección de la cúpula judicial por los propios jueces elegidos por el pueblo. Al tiempo, ampliación del jurado popular a todos los ámbitos de la jurisdicción.

No sé por qué produce tanto miedo la Administración de justicia popular. La justicia es una virtud, no una disciplina académica. Los mimbres de una virtud son el bien, la verdad y la belleza, no la instrucción académica. A fin de cuentas, la Administración de justicia es la institución peor calificada por los ciudadanos, más que los políticos. Nadie cree en ella, por algo será. La justicia popular es a los tribunales lo mismo que el cheque escolar a la educación: la única manera de devolverle al pueblo el poder que le usurparon.

En materia de moral -clamaba Chesterton-, preguntad al pueblo, en materia de justicia lo mismo, porque la justicia es, ante todo, una realidad moral, no un master en Derecho ni el resultado de una oposición. La justicia no es profesionalidad, es ecuanimidad. Personalmente, prefiero ser juzgado por un jurado que por un juez y me fío más de un fiscal elegido que de don Cándido Conde Pumpido.

Eulogio López

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