La posición de los populares andaluces es exigir la disolución del Ayuntamiento de Marbella para que sea el pueblo quien se pronuncie. Suponemos que quieren aprovechar el tirón del cabreo colectivo para encabalgarse al consistorio. Porque técnicamente el asunto no es nada fácil. Según la ley hay que cumplir determinados trámites complejos. Y la Ley exige que un equipo municipal esté al menos un año, por lo que el plazo hasta las elecciones de mayo de 2007 resulta un tanto apretado.
Dado el entramado burocrático-institucional, lo que parece más aconsejable es nombrar una junta gestora. Así lo considera la vicepresidenta De la Vega y así lo ordena el sentido común. Pero los populares prefieren hacer sangre. Y la verdad es que tienen herramientas, pero posiblemente hierran el tiro. Los concejales del PP marbellí sugieren que Marbella fue la gran máquina de financiar al PSOE andaluz. ¿Por qué la Junta de Andalucía ha tenido que esperar a la actuación judicial para intervenir en el escándalo? ¿Por qué no se exige que se llegue hasta el final en la investigación del destino de los fondos?
