El anterior Gobierno de la Generalitat, controlado por el nacionalismo moderado de Convergencia, compraba 22.000 ejemplares diarios a La Vanguardia. En otras palabras, más de la décima parte de sus ventas. El actual Gobierno Tripartito, compuesto por republicanos independentistas, socialistas y comunistas, está dispuesto a filtrar estos datos a quien quiera oírlos, después de que los convergentes, a su vez, filtraran un documento del Tripartito en el que se pergeñaba un detallado informe sobre cómo controlar a los medios informativos catalanes más relevantes, con especial dedicación a La Vanguardia, El País y El Periódico.
Sin cortarse un pelo, el informe hablaba de las aspiraciones de las tres casas editoras. A El País de Polanco se le atribuyen deseos de cobrar por los servicios prestados, en forma de patrocinios a las partes más débiles de la edición catalana, así como apoyo, sobre todo en forma de licencias, a Localia, la cadena de televisiones locales del grupo Polanco. Por su parte, el también progresista diario El Periódico, se queja de que CiU le daba más subvenciones a La Vanguardia a pesar de que ellos hacían una edición en catalán.
Al final, el Tripartito acepta que, en efecto, hay que conceder más subvenciones a los diarios que les apoyan (El País y El Periódico) y propone un golpe de Estado en La Vanguardia para conseguir estructuras directivas más afines al PSC y a ERC. Además, el informe del Tripartito también elaboraba una lista de periodistas críticos hacia la izquierda.
En verdad, la industria informativa parece un mundo un tanto podrido, tanto por parte de los poderes públicos como de los grandes editores.
