(Oído en radio, visto en TV) Núñez Feijóo (Cope): "El comportamiento del Fiscal General del Estado es incompatible con el sistema democrático de cualquier país de la UE; lo que debe de hacer el Gobierno es cesarle"

En la COPE, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "Sánchez "nunca ha tenido ningún interés por cumplir su palabra. Tengo la sensación de que puede haber elecciones en cualquier momento. Sánchez convocará elecciones cuando le interese a él. Si Junts le deja gobernar pues, quizás, continúa la agonía del Gobierno". "El PGE con el que está funcionando España es de la legislatura anterior y disuelta".

"Ante la agenda del escándalo; hagamos agenda de cambio". "VOX está obsesionado con el PP y nosotros con el cambio de gobierno en España".

"Hay un plan de vivienda. Es el más ambicioso que tiene España y lo ha presentado el partido de la oposición ante un gobierno con una agenda de escándalo". "El joven no tiene quien le avale, vive en un piso compartido... tenemos que actuar"."Construyamos más vivienda, hagamos la vivienda que el mercado necesita y busquemos la fórmula para que los jóvenes puedan comprar". "Debemos bajar el IBI. Buena parte de los ayuntamientos en los que gobierna el PP lo ha hecho".

"Necesitamos una ley antiokupación; está bloqueada en el Congreso por parte del Gobierno". Una persona "que no es propietaria y no tiene un contrato de arrendamiento pagando al día, salga del domicilio. El movimiento hay que demostrarlo andando. Le pedimos al Gobierno de España que rebaje del 10 al 4% el impuesto del IVA para obras nuevas o de rehabilitación. Hemos presentado todo un plan. Y esto es un plan de un partido que está absolutamente comprometido con la agenda del cambio que contrasta con la agenda del escándalo del gobierno".

"Debemos hablar de absentismo laboral: ¿por qué el número de personas que no va a trabajar está en cifras récord?". Denuncia "que la imposición, sin negociación, de una jornada laboral que perjudica a los trabajadores y a la pequeña y mediana empresa es una decisión política que busca réditos a costa de los propios trabajadores. Debemos dejarnos de determinados titulares, e ir al fondo"

Feijóo asegura que "se va a subir el SMI pero el 50% de la subida se la queda el Gobierno. El que paga el SMI es la empresa, que aumenta sus cotizaciones sociales y, en segundo lugar, el trabajador. De los 700 euros que sube, unos 346 se lo queda el gobierno de España. Es un buen negocio para el Gobierno y un negocio, en fin, con muchas trampas. Lo que hay que hacer es revisar el mínimo exento del impuesto de la Renta para que no se quede el 50% en las arcas del gobierno. Es un mal negocio para los trabajadores. Y sobre la jornada, algo parecido. La pequeña y mediana empresa y los autónomos no tienen por qué financiar"

"El Supremo ha de ejercer sus competencias con absoluta autonomía. Caiga quien caiga". "El Supremo ha de ejercer sus competencias con absoluta autonomía. Caiga quien caiga. Ya sea un miembro del Consejo de Ministros, diputado que pueda estar dentro de un sumario".     "En la España del sanchismo todo aquello que nos parece imposible se va superando". Añade que "todos los ciudadanos están sometidos ante la ley. Editar una resolución a sabiendas, injusta, es prevaricación. Ni los magistrados del Constitucional, Supremo, o AN. Nadie está ajeno al estado de derecho. Los magistrados del Constitucional tienen que atenerse a la ley".

"Los miembros del Supremo no los nombra ningún Gobierno, el TC sí". "Sería insólito que el Constitucional volviese otra vez a dejar sin efecto las sentencias del Supremo. Empezamos a acostumbrarnos a esto... lo hemos visto con los ERE. Mi partido ha recurrido. Espero y deseo que el Constitucional deje de manosear las sentencias del Supremo porque, si no, entramos en una situación que ya empezamos a vivir. De un TC que actúa como un tribunal de última instancia. Espero que se mantenga la cordura y que el Supremo siga actuando con absoluta independencia".

"El comportamiento del FGE es incompatible con el sistema democrático de cualquier país de la UE". "Lo que debe de hacer el Gobierno es cesarle. El comportamiento del fiscal, una vez está imputado por el Supremo, tiene una doble característica: se ha negado a declarar y responder la pregunta del juez y la UCO asegura que borra compulsivamente correos y WhatsApp. Tiene el comportamiento de un delincuente común. Eso es insólito en cualquier democracia occidental y no tiene antecedentes en la democracia española".

En RNE,  Gonzalo de Olabarría, secretario general de la Asociación Española de Aluminio y Tratamientos de Superficie, se ha referido a los aranceles: "Se abre un proceso de negociación que, de momento, es incierto. El sector del aluminio español es netamente exportador [...] Hay empresas y trabajadores que están muy preocupados".

"Las cadenas industriales que dependen del aluminio son infinitas y es difícil estimar cómo afectará. En principio, cuando algo aumenta sus costes, aumentan para todos".

España exporta a EEUU unas 20.000 toneladas de aluminio al año: "Esta cantidad no es significativamente enorme en volumen, pero son productos de alta gama y es difícil vender en un mercado tan exigente".

En Onda Cero, Carlos Alsina comentaba: "Fiscal borrador del Estado". "Borrado intencionado de todos los mensajes hasta en dos ocasiones el 16 de octubre". "Eso, elevemos el debate público, presidente. Identificar el borrado de mensajes con la exoneración del investigado es de muy poco nivel de debate. Casi casi podría decirse que es un intento de confundir a la opinión pública. Qué mala noche aquella en la que Sánchez cantó victoria sin esperar al desenlace de la investigación judicial". (...) "La causa judicial sigue adelante. Y como el imputado disfruta de todas las garantías, tiene en su mano recurrir las decisiones del juez. Hoy, de hecho, el Supremo estudia el recurso del fiscal general contra el registro de su despacho e incautación de sus dispositivos electrónicos. Aspira, con poca esperanza, a que el tribunal corrija al juez instructor y anule el registro (y todo lo que de él se desprende). Con poca esperanza de que el Supremo le dé la razón pero anticipando el argumento con que recurrirá, en su momento, al Tribunal Constitucional. Y en su derecho está".

En la COPE, Carlos Herrera opinaba: "Lo que nadie podía imaginar es que don Alvarone hiciera honor a ese mote comportándose como un auténtico jefe de la mafia. ¿Cómo? Pues como un buen delincuente, borrando todas las pruebas que puede haber para que no se detecte la ilegalidad que cometió". (...) "Todo lo que ha hecho Álvaro García Ortiz apunta a la conducta de un delincuente que maniobra para borrar pruebas y hurtar a la justicia de elementos para la investigación de un delito. Álvaro García Ortíz se ha comportado como se comportan los culpables, cuando son pillados en falta, borrando pruebas. Recuerden, si el anterior informe de la UCO confirmó que los mensajes de los días clave de la filtración habían desaparecido, este informe concluye que el borrado fue deliberado y premeditado".

En Onda Cero, Marta García Aller reflexionaba: "Pero es que la cosa se pone mejor todavía en el caso casualidad o caso Montesquieu. Porque fue el imputado, o sea, el propio fiscal, el que el otro día le dijo al juez en el Supremo: señoría, si hubiera querido ocultar datos no hubiera esperado al día 23, lo hubiera hecho "el 16 de octubre que es cuando el Tribunal Supremo acepta esa exposición razonada". El imputado, razonando como un fiscal, le dijo al juez, que si hubiera querido ocultar pruebas las habría destruido el 16. Y ahora la UCO confirma que, efectivamente, ese es el día que el acusado eliminó su Whatsapp. El mismo día 16. ¿Casualidad? No se lo cree ni el propio fiscal general. El imputado borró los datos el mismo día que el fiscal general interpretaba que de borrarlos los estaría borrando para ocultar pruebas. ¿Está actuando aquí Álvaro García Ortiz como acusado o como fiscal? Qué lío el reparto de papeles en el caso Montesquieu". "El fiscal general hizo un borrado intencionado… empieza a notarse demasiado".

En la SER, Ángels Barceló afirmaba: "El fiscal general del Estado borró su teléfono móvil justo cuando fue encausado por el Supremo. Lo borró dos veces aquel mismo día, cuando le imputaron por la supuesta filtración del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía dos delitos de fraude. El borrado lo ha acreditado la UCO en el informe que ha hecho llegar al juez y donde confirma que Álvaro García Ortiz también borró su cuenta de gmail.

Lo que demuestra también el informe de la UCO es que, aquél día, el fiscal general no habló con nadie que no fuera de la fiscalía. No habló con ningún periodista. Hubo un periodista que le llamó, como a muchas otras personas para poder desmentir un bulo: nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Fue Campos quien, mientras la Puerta del Sol hacía circular la mentira de que la fiscalía estaba ofreciendo un acuerdo al novio de Ayuso, contó cuál era la verdad: la verdad es que el novio de Ayuso estaba reconociendo -a través de su abogado- el fraude, y que era él quien ofrecía un acuerdo con la fiscalía. Eso es lo que hizo Campos: contar lo que pasaba. Y por eso llamó a mucha gente. Entre ellos, al fiscal general; que nunca le cogió el teléfono, según constata la Guardia Civil.

Ese informe de la UCO el juez del Supremo lo ha pasado a las partes que están en el proceso. Lo ha pasado con todo, incluidos los datos personales, los teléfonos y las direcciones del fiscal general del Estado y de las personas que le llamaron, como nuestro compañero Campos. O como la exfiscal general Dolores Delgado, que denuncia que ha empezado a recibir llamadas anónimas. Interior va a tener que revisar la seguridad del fiscal general del Estado, que coordina investigaciones muy delicadas, y que ahora ha visto cómo se hacían correr sus datos o su dirección.

Y ese es el último pasaje de este caso: cómo se han hecho públicos datos que pueden comprometer la seguridad en el juicio sobre una supuesta filtración".