La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Ana Reyes en Washington D. C., nominada por Joe Biden, ha decidido bloquear la ejecución de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump por la que prohibía a las personas transgénero servir en el Ejército.
En su orden ejecutiva 14183, Trump estipuló que identificarse con un género diferente del sexo asignado a un individuo "entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal".
Según el texto, el uso de pronombres incompatibles con el sexo asignado comprometía "la capacidad del Gobierno de establecer estándares elevados de preparación de las tropas, letalidad, cohesión, honestidad, humildad, uniformidad e integridad".
La orden ejecutiva declaraba que "las Fuerzas Armadas deben adherirse a altos estándares de salud mental y física para garantizar que nuestros militares puedan desplegarse, luchar y ganar, incluso en condiciones de austeridad y sin el beneficio de tratamiento médico rutinario ni provisiones especiales".
"Sin embargo, todos debemos estar de acuerdo en que toda persona que haya respondido al llamado para servir merece nuestra gratitud y respeto". La demanda fue presentada por seis militares en activo y dos personas que querían alistarse en el ejército, que alegaron que la orden de Trump viola sus derechos constitucionales.
Ante los hechos, el jefe de gabinete adjunto de Trump, Stephen Miller, aseguró en sus redes sociales: “Los jueces de los tribunales de distrito ahora han decidido que están al mando de las Fuerzas Armadas... ¿Acaso no hay fin a esta locura?”.
No es la primera piedra en el camino que se está encontrando el republicano: ayer martes comenzó una investigación a los estados demócratas que también están incumpliendo su orden ejecutiva por la que excluye a los trans de las categorías femeninas en deportes.
La magistrada ha suspendido su aplicación hasta el próximo 21 de marzo, a la espera de apelaciones por parte de la Administración Trump, su resolución entrará en vigor ese día automáticamente a las 10.01 de la mañana (15.01 horas en España), a menos que un tribunal de Apelación diga lo contrario.
