El Departamento de Educación ha investigado al estado de Maine por la victoria de un atleta de pista masculino que se identifica como trans y que ganó el título estatal de salto de pértiga en categoría femenina.  

El lunes, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU anunció que el Departamento de Educación de Maine, la Asociación de Directores de Maine y la Escuela Secundaria Greely violaron el Título IX al dejar participar al atleta trans en la categoría reservada para mujeres biológicas. 

"El Departamento de Educación de Maine no puede eludir sus obligaciones bajo la ley federal cediendo el control de sus actividades, programas y servicios extracurriculares a la Asociación de Directores de Maine", dijo Anthony Archeval, director interino de la Oficina de Derechos Civiles del HHS, en un comunicado de prensa. 

"Esperamos que el Departamento de Educación de Maine, la Asociación de Directores de Maine y la Escuela Secundaria Greely colaboren con nosotros para llegar a un acuerdo que restablezca la equidad en los deportes femeninos".

Como hemos venido contando en Hispanidad, los primeros meses en la Casa Blanca del segundo mandato de Trump, están suponiendo una auténtica revolución, con numerosos decretos presidenciales que persiguen poner fin al progresismo radical de la Administración de Joe Biden y Kamala Harris que llegó a su término el pasado 20 de enero.

Y es que en febrero firmó una orden ejecutiva por la que se excluye a los hombres de los deportes femeninos. Pese al mandato, varios estados demócratas como Maine, California o Minnesota están siendo investigados por negarse a cumplir con la ley. 

Este caso es el primero que se ha cerrado y ha dictaminado que se ha violado el Título IX de la Constitución norteamericana. al permitir que una persona nacida varón compitiera en deportes femeninos. Las tres entidades condenadas tienen un plazo de 10 días para corregir lo sucedido o serán remitidas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya que Trump prometió que los estados, las escuelas y las instituciones públicas que no cumplan su orden ejecutiva perderán su financiación federal.