En Brasil, en el contexto de las investigaciones de las manifestaciones políticas del 8 de enero -cuando supuestos seguidores de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia-, la Fiscalía ha solicitado a la Corte Suprema que dé el permiso para que redes sociales como Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, Twitter y YouTube redacten un informe que incluya todas las actuaciones del expresidente Jair Bolsonaro que tengan algo que ver con “las elecciones, las urnas electrónicas, el Tribunal Superior Electoral (TSE), el Supremo y las Fuerzas Armadas”. 

Pero en esa misma petición, el viceprocurador general de la República, Carlos Frederico Santos, ha pedido al órgano jurídico brasileño que en dicho dossier las redes sociales detallen “la lista completa con los nombres y los datos de identificación de los seguidores” de Bolsonaro. Y también quiere el fiscal que las redes sociales recojan en ese informe “la cantidad de visualizaciones, ‘me gustas’, compartidos, réplicas, comentarios y otras métricas relacionadas con las publicaciones del ex presidente sobre los temas mencionados”.

Cabe recordar que Bolsonaro fue inhabilitado ocho años por el Tribunal Superior Electoral, el pasado 30 de junio acusado de “degradar el ambiente electoral” y fabricar “teorías de la conspiración” con “informaciones falsas” y “mentiras atroces”, 

Pero claro: ante el revuelo desatado por lo que parece un atentado contra la privacidad y la libertad de expresión de millones de brasileños, la misma Fiscalía brasileña ha negado que su intención sea  investigar a los admiradores del expresidente Jair Bolsonaro: “Esas personas no están siendo investigadas ni tendrán sus datos expuestos”. Ya que el objetivo de su petición “es obtener informaciones que permitan evaluar el contenido y la dimensión alcanzada por las publicaciones del expresidente en las redes sociales sobre los actos ocurridos el 8 de enero”. “Jamás iría a investigar a millones de personas, incluso porque sería imposible hacer eso”.

Sin embargo, ante las peticiones “absolutamente insólitas” de la Fiscalía, los abogados del expresidente Bolsonaro presentaron un recurso ante el Supremo Tribunal Federal acusando a la Fiscalía de promover una “vigilancia política” y una “persecución ideológica” al tratarse de “una mal disfrazada forma de vigilancia política de los seguidores del expresidente que pueden provocar una odiosa y anacrónica forma de persecución ideológica”. A su juicio, las actuaciones de la Fiscalía ofenden gravemente” los “valores más esenciales de la libertad de opinión y de expresión”, aseguró la defensa del exmandatario.