La crisis humanitaria en la frontera sur vuelve a centrar la actualidad informativa.

Las ciudades cercanas a la frontera entre EEUU y México, se preparan para el caos que puede generarse tras expirar el Título 42, precisamente cuando los centros de inmigración se encuentran por encima del límite de su capacidad. El Título 42 es una regla de salud pública activada durante la presidencia de Donald Trump, que permite que se expulse a los inmigrantes irregulares por la emergencia del Covid.

A finales del año pasado, la Administración Biden  ya trató de eliminar dicha regla, decisión que únicamente hubiera agravado la crisis humanitaria, y que contó con gran oposición incluso dentro de su propio partido. El alcalde demócrata de El Paso (Texas) contradijo a su jefe de filas y declaró el estado de emergencia. Mientras esto ocurría, AMLO felicitaba a Biden por ser "el primer presidente de EE UU que no ha construido ni un metro del muro".  Ante el caos existente en la frontera, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo que tomar medidas y suspender temporalmente la expiración del Título 42.

Ahora, ante la inacción y el caos de la Administración Biden, el Congreso, liderado por los republicanos, ha aprobado una legislación para solventar la crisis y, particularmente,  para combatir la utilización fraudulenta del asilo político. Así, dentro del paquete de medidas destaca la iniciativa destinada a que los solicitantes de asilo únicamente puedan presentar la solicitud desde fuera de Estados Unidos. Con esta medida, se pretende evitar la utilización del asilo para regularizar una situación ilegal, por individuos que no cumplen los requisitos para la concesión de la institución del asilo político.

La Administración Biden muestra una actitud ciertamente contradictoria. Por un lado, según cuenta la NBC, ha tomado la polémica decisión de comenzar a liberar a inmigrantes ilegales, sin citación judicial y sin seguimiento de los mismos, una decisión que genera grandes dudas en materia de seguridad nacional, dado que supone permitir libremente el acceso a ciudadanos que han entrado ilegalmente del país, y sobre los que no se seguirá el rastro. Por otro lado, en un aparente alarde de “sheriff duro”, el secretario de Seguridad Nacional de la Administración Biden, Alejandro Mayorkas, ha afirmado: “el año pasado  expulsamos a 1,4 millones de inmigrantes. Pregúnteles a esos 1,4 millones de personas si creen que la frontera está abierta. Nuestra tasa de detenciones en la frontera es consistente con la tasa de detenciones de años anteriores, gracias al extraordinario trabajo de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos”.

La actitud errática de Biden y su ejecutivo está levantando ampollas incluso dentro de su propio partido. El senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin, ha responsabilizado a Biden de la crisis en la frontera indicando así:

“Estamos a un día del final del Título 42 y aún la Administración Biden no tiene una solución viable para evitar un aumento incontrolable de migrantes en nuestra frontera sur...Existen múltiples soluciones de sentido común para esta crisis, incluido mi proyecto de ley bipartidista que le daría a la Administración una autoridad de expulsión temporal de dos años para los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a los EE. UU. sin inspección o documentación adecuada”. Por último, Manchin apoyó la iniciativa republicana en el Congreso con el siguiente tenor: “Si bien no apoyo todas las disposiciones, los republicanos en la Cámara de Representantes al menos están trabajando en un proyecto de ley de seguridad fronteriza para llenar el vacío de liderazgo creado por esta Administración. Nuestro país no puede mantener su estatus de superpotencia  si no somos capaces de controlar nuestra propia frontera”.

La crisis migratoria lastra a Biden, según Reuters solo un 26% de los estadounidenses aprueban su política migratoria.