Biden, como buen abortero que es, ha nominado a la profesora de la Facultad de Derecho de Columbia, Sarah Cleveland, a la Corte Internacional de Justicia a pesar de que el Senado de los Estados Unidos la rechazó hace solo unos meses como candidata a principal asesora legal del Departamento de Estado de EE. UU., según informan en Friday Fax. La cuestión no es baladí, tal y como advierten desde el medio, en la Corte Internacional de Justicia, Cleveland podría declarar el aborto como un derecho humano internacional, algo que la ONU persigue desde hace tiempo.

Al parecer, su postura extremista del aborto y su falta de conocimiento sobre derecho internacional, llevaron al Senado a rechazarla como principal asesora legal del Departamento de Estado de EE. UU. Pero a Biden no hay quien le frene. 

Cleveland ocupó anteriormente un cargo como miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2015 a 2018, donde presionó directamente a los países para que revocaran las protecciones para los no nacidos en sus leyes nacionales. También fue una de las principales defensoras de declarar el acceso al aborto como parte del “derecho a la vida” en un comentario legal integral. Algo por lo que fue muy criticada durante las audiencias de confirmación en el Senado de los Estados Unidos.

Como directora legal del Departamento de Estado, Cleveland no se comprometería a interpretar y hacer cumplir de manera consistente las restricciones pro-vida de EE. UU. sobre la financiación del aborto, incluida la Enmienda Helms. Eludió las preguntas sobre el aborto e insinuó que las restricciones del gobierno de los EE. UU. para financiar el aborto en el extranjero están en desacuerdo con las interpretaciones de los derechos humanos internacionales que ella misma escribió y apoyó como miembro de los organismos de las Naciones Unidas. Por estos motivos, los once republicanos del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos votaron en contra de la confirmación de Cleveland.

Su nueva nominación será discutida por el Consejo de Seguridad el 4 de noviembre y la Asamblea General en una fecha que se programará el próximo año. La mayoría de los estados miembros de ambos órganos rectores de las Naciones Unidas deben aprobar su nominación.