Ayer martes el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, estaba brillante, proponiendo que las nóminas se pagen íntegras a los trabajadores y que sean éstos los que ingresen las cotizaciones, "es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España".

Relacionado

El comentario era ocurrente y pertinente, puesto que las cuotas suponen el mayor lastre en la creación de empleos y, como pasa con toda frase que es cierta, hace daño a quien le perjudica la verdad, en este caso, a la ministra comunista de Trabajo, Yolanda Díaz, y a los sindicatos UGT y CCOO. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha tildado de "imprudente" la sugerencia: "Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump".

Pero mejor ha sido la reacción del secretario general de CCOO, Unai Sordo: ha pedido que se impute al balance de las empresas el coste de infraestructuras, formación o sanidad: "Así vemos el coste real que no asumen [las empresas] porque lo pagamos entre todos".

Unai se hace un poco de lío, porque la propuesta de Garamendi no es que no se paguen impuestos, sino que los paguen los trabajadores para que puedan ver el desembolso real de la empresa. Además, en el todos de Unai también están incluidos los empresarios, que pagan a su vez impuestos como ciudadanos. Por último, es curioso que Sordo nombre la formación, ya que hace unas semanas daba comienzo  el juicio contra la excúplua de los sindicatos por el fraude de los cursos de formación. 

Relacionado