Muy felices y contentos estaban en el PSOE tras la comparencia de ayer de Pedro Sánchez, en la comisión que investiga el Caso Koldo en el Senado.
Creen que el supremo líder salió no solo indemne, sino reforzado de una sesión en la que los senadores de la oposición le hicieron toda clase de preguntas de los casos de corrupción que le rodean -su hermano, su mujer, sus dos exsecretarios generales del partido- pero de las que el presidente del Gobierno salió indemne al responder, básicamente, con evasivas y con mucha arrogancia. "No me consta", fue el latiguillo que más pronunció.
Sin embargo, una cosa es una comparencia en una sede del legislativo y otra muy distinta las investigaciones que lleva a cabo el poder judicial.
Como recogió Hispanidad, un reciente informe de la UCO de la Guardia Civil reveló los pagos en sobres con dinero en metálico que se manejaban en el PSOE, dinero en metálico al que los integrantes de la trama denominaban “chistorras” (billetes de 500 euros); a los de 200 euros como «soles» y a los de 100 euros como «lechugas». En ese informe, la benemérita llegó a detectar "desembolsos" de 95.437 euros a José Luis Ábalos provenientes de "ingresos no declarados", o sea, de procedencia desconocida.
Tras ese informe, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del Caso Koldo, citó a declarar al exnúmero 2 de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y a su ayudante -su chico de los recados para todo, incluyendo citas con mujeres- Koldo García. Pero ninguno de los dos quiso declarar.
Pues bien: hoy se ha sabido que el juez Puente ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional parte de ese informe de la UCO y la documentación entregada por el PSOE para que éste rastree si los pagos en metálico a Ábalos y García pudieran ser constitutivos de un delito.
Es decir, que el magistrado Puente se inhibe -en lo relativo a los posibles pagos irregulares en metálico del PSOE- en favor del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional al apreciar indicios de «actividades irregulares e incluso potencialmente delictivas». Cree que se dan «méritos suficientes» para investigar, entre otras cosas, si los fondos empleados «proceden de una actividad ilícita».
