El Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene como modelo la Venezuela chavista, pretende controlar las dos únicas instancias que todavía se le resisten a su poder omnímodo: la prensa y el poder judicial.

Para controlar al poder judicial, el ministro de Justicia Félix Bolaños quiere aprobar una reforma de acceso a las carreras judicial y fiscal: el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal (proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre). 

Una de las reformas consiste en que la instrucción de los delitos no la realice un juez (como hasta ahora), sino un fiscal. Esto implicaría que, como la carrera fiscal es jerárquica, el fiscal que instruya una causa estaría sometido a las órdenes de su superior jerárquico. ¿Qué hubiera pasado si esta reforma ya estuviese aprobada y un fiscal instruyese los casos Begoña Gómez o el del fiscal general del Estado? 

El pasado 14 de mayo, un día después de conocerse el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, cinco asociaciones judiciales emitieron una nota de prensa conjunta pidiendo la retirada de la citada reforma: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Estas asociaciones explicaban que la ley de Bolaños "supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial". 

Como el régimen sanchista no les hizo ni caso, estas cinco asociaciones convocaron un paro de diez minutos, el pasado 11 de junio, a las 12:00 horas, para protestar contra esta reforma del poder judicial y exigir su “RETIRADA”, concentración que fue un éxito. 

Pero como el Gobierno sigue sin hacerles ni caso, y además ha dicho hoy que no piensa retirar la citada reforma, estas cinco asociaciones judiciales han anunciado nuevas movilizaciones: 

1-Una concentración ante el Tribunal Supremo: el sábado 28 de junio, a las 12:30 horas.

2-En caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos, se produciría una huelga de las carreras judicial y fiscal los días 1, 2 y 3 de julio. 

3-Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones convocantes "procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga. Esta evaluación se llevará a cabo atendiendo al respaldo de las respectivas bases, y con el objetivo de garantizar una respuesta unitaria, proporcionada y sostenida en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho".

4-Paralelamente a estas movilizaciones, estas asociaciones "siguen desarrollando una intensa agenda institucional, que incluye reuniones tanto con grupos parlamentarios como con operadores jurídicos relevantes, con el fin de trasladar nuestras preocupaciones y reiterar la exigencia de paralizar las reformas legislativas". 

5- Interlocución europea: En el marco de la estrategia internacional de defensa del Estado de Derecho, las asociaciones profesionales han intensificado los contactos y gestiones con instituciones de la Unión Europea. "Hemos subrayado la relevancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la sentencia dictada en el asunto Repubblika (C-896/19), que consagra el principio de no regresión en materia de independencia judicial. Esta doctrina establece que los Estados miembros no pueden adoptar reformas que, aunque respeten formalmente el Derecho de la Unión, impliquen un deterioro de los niveles previamente alcanzados en las garantías judiciales, especialmente cuando afectan a la percepción de independencia por parte de la ciudadanía. Las reformas propuestas vulneran dicho estándar europeo, al introducir disposiciones que debilitan la estructura, la percepción y la operatividad independiente del sistema judicial español. Asimismo, hemos instado a las instituciones europeas competentes a ejercer un escrutinio riguroso y preventivo, conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, sobre el contenido, la motivación y el proceso de tramitación de los proyectos legislativos en curso".

"Estas actuaciones -concluye su nota de prensa-- reflejan nuestro compromiso firme, sereno y unitario con la defensa de una Justicia independiente, imparcial y plenamente sujeta a los principios constitucionales y democráticos". "La defensa del Estado de Derecho y de nuestra función institucional como jueces y fiscales exige la máxima implicación".