El Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene como modelo la Venezuela chavista, pretende controlar las dos únicas instancias que todavía se le resisten a su poder omnímodo: la prensa y el poder judicial.

Para controlar al poder judicial, el ministro de Justicia Félix Bolaños quiere aprobar una reforma crucial: el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal (proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre)

Una de las reformas consiste en que la instrucción de los delitos no la realice un juez (como hasta ahora), sino un fiscal. Esto implicaría que, como la carrera fiscal es jerárquica, el fiscal que instruya una causa estaría sometido a las órdenes de su superior jerárquico. ¿Qué hubiera pasado si esta reforma ya estuviese aprobada y un fiscal instruyese los casos Begoña Gómez o el del fiscal general del Estado? 

Bolaños explica que en la mayoría de países europeos las instrucciones las realiza un fiscal. Sí: pero en esos países hay mayores garantías de independencia e imparcialidad para los fiscales que en España. 

Otra de las reformas que pretende aprobar el Ejecutivo es crear el conocido como cuarto turno en la carrera fiscal, y se modifica el cuarto turno de la carrera judicial, que lleva en vigor cuatro décadas: "Así, la convocatoria del turno libre de oposición será simultánea al acceso por cuarto turno, mediante el que los juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional también pueden entrar en la carrera judicial. Se convocará una plaza de cuarto turno por cada tres plazas para el turno libre", explica la nota de prensa del Consejo de Ministros. 

Este proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo y el Gobierno nos lo vende argumentando que "mejora sustancialmente la carrera judicial" y es una "reforma valiente" que va a atraer talento y a incrementar el número de jueces, fiscales y magistrados. "Creo que se adapta a una sociedad cada día más exigente y a unos estándares europeos que son muy altos", dijo Bolaños en la rueda de prensa posterior. 

El pasado 14 de mayo, un día después de conocerse el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, cinco asociaciones judiciales emitieron una nota de prensa conjunta pidiendo la retirada de la citada reforma: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

En un comunicado conjunto, estas asociaciones explicaban que "supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial". 

También denunciaban la "desnaturalización del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. La reforma propuesta, tal y como quedaría redactada, modifica profundamente los procesos de selección y no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir, en todo tiempo y lugar, el acceso a la función pública". Ejemplo de ello es la eliminación de un examen oral (la parte procesal) en el turno libre para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio, que bien podría haberse incluido sin tener que rebajar las exigencias de conocimiento, pero que, tal y como parece regulado, supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales. "Además, la nueva regulación del llamado «cuarto turno», un concurso-oposición sin límite máximo de plazas y reconociendo una antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso, posibilita un acceso discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre. Los cuales, por otro lado, si todo ha quedado como en el anteproyecto, ingresarían en la carrera a disposición de los presidentes de TSJ y con obligación de participar en los concursos siguientes. Ello supondrá en la práctica institucionalizar la figura del juez en expectativa de destino, vulnerando el principio de inamovilidad de jueces y magistrados proclamado en el art 117.1 de la Constitución Española". 

Además, rechazaban "el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. Es contrario a nuestros principios constitucionales y, contrariamente a lo que se dice, no es lo que nos pide Europa. La convocatoria de un único proceso por carrera, sin establecerse un número de plazas determinado, abierto a cualesquiera profesionales y basado en una oposición consistente únicamente en un dictamen práctico, seguido de una fase de méritos, no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales. Este sistema otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras prácticas en la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos, sin equipararse en exigencia y comprobación de aptitud al proceso ordinario del turno libre. Se consagra así una vía de acceso extraordinaria carente de las debidas garantías de transparencia y rigor que, por si ello no fuera suficiente, además abre la puerta a futuras convocatorias similares". "Este acceso excepcional a la carrera judicial y fiscal al margen del sistema ordinario no solo constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo, sino que erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, tal como recogen los artículos 23 y 103 de la Constitución Española".

Encima, ven un "retroceso democrático en la elección de órganos de gobierno. La pretendida reforma del sistema de elección de miembros electos de las Salas de Gobierno, al imponer candidaturas individuales y restringir el derecho de sufragio a un único voto, limita injustificadamente la representación proporcional de la carrera judicial. Este recorte contrasta con los estándares europeos, que reclaman una mayor intervención de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno". 

Asimismo, tras analizar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en otra nota de prensa posterior), denuncian que “con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos, concluimos que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”.

Como el régimen sanchista no les ha hecho ni caso, estas cinco asociaciones han convocado un paro de diez minutos, el próximo 11 de junio, a las 12:00 horas, para protestar contra esta reforma del poder judicial y exigir su “RETIRADA”. 

Así lo explican en su comunicado conjunto en el que insisten en que dicho proyecto "recoge medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho".

Estas asociaciones también contemplan "impugnar judicialmente dicho proceso, asumiendo los costes de forma conjunta". 

Por último, no descartan acudir a Europa e incluso algunos jueces y fiscales independientes contemplan ir a la huelga. 

No obstante todo lo anterior, las asociaciones de jueces y fiscales consideradas 'progresistas’, es decir, sanchistas, sí que están de acuerdo con esta reforma judicial de Bolaños y no se van a sumar a todas estas acciones de sus compañeros. Son: Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).