Ya explicamos en Hispanidad en qué consistía la nueva Ley de Empleo aprobada el año pasado: todas las enmiendas de los distintos partidos políticos fueron incluidas, menos la que el PP presentó en el Senado, en la que propone incorporar como colectivos de especial atención a los exreclusos y a las familias numerosas por tener más dificultades de acceso al mercado laboral.

Como no fue escuchada, los populares negaron su apoyo a la norma, el portavoz de Trabajo y Economía Social del GPP, Diego Movellán, aseguraba que la ley era "puro postureo legislativo del Gobierno" y que la máxima ambición era aumentar la inserción laboral en los próximos 30 años. "Dígales a los 1.282.800 parados de larga duración tras más de un año buscando trabajo que todavía deben esperar 29 años más para conseguir un empleo". 

Relacionado

Además, continuó defendiendo a las familias numerosas, "no sé si algún día sabremos a qué precio paga este Gobierno los apoyos para sacar una ley como esta adelante, pero sí sabemos quién paga las facturas: las familias numerosas a quienes el PP pedía proteger como colectivo prioritario en una enmienda que ustedes rechazaron". 

"¿En serio es tan mala idea proteger a las familias numerosas en un país con 1.157.900 hogares con todos sus miembros activos en paro, que se encuentra entre los de mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea y que lidera la pérdida de poder adquisitivo de las familias en la OCDE?"

Los populares se referían al Capítulo V, denominado 'Colectivos de atención prioritaria para la política de empleo', artículo 50. ¿Y saben quienes sí son colectivos de atención prioritaria para el Gobierno? "Se considerarán colectivos vulnerables de atención prioritaria, a los efectos de esta ley a las personas jóvenes especialmente con baja cualificación; desempleados de larga duración; personas con discapacidad; personas con capacidad intelectual límite; personas Lgtbi (en particular trans); mayores de 45 años y personas migrantes. También incluye a mujeres con baja cualificación; mujeres víctimas de violencia de género; personas en situación de exclusión social; personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos poblacionales étnicos o religiosos; trabajadores provenientes de sectores en reestructuración; afectados por drogodependencias y otras adicciones. 

Como los logros históricos que alcanza este Gobierno hay que repetirlos una y otra vez, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha encargado de recordar semejante avance progresista en sus redes sociales. 

Pero algo que Díaz ha desvelado y de lo que no se tenía constancia es que la solicitud será "evidentemente, confidencial", y por su puesto, no hará falta demostrar nada, la Administración se fiará de su "buena voluntad". 

Es decir, no sólo hablamos de una ley que discrimina a los heterosexuales, sino que estamos ante una nueva Ley Trans. Nadie tiene que demostrar nada, sólo autopercibirse y declararlo, y todos confiamos en la buena fe del sujeto, por tanto, mañana mismo las oficinas de empleo se llenarán de solicitudes de trans y homosexuales, que seguro que son trans y homosexuales, a los cuales habrá que darles puesto de empleo de manera prioritaria, ¿no es precioso?