Día tras día publicamos casos de okupación y mostramos la caradura y la impunidad de los 'vulnerables' protegidos por el Gobierno, que carga a los ciudadanos con la responsabilidad de mantener a los que no pueden acceder a una vivienda por su gran Ley de Vivienda. Es lo que llamamos 'el escudo social del Gobierno'. Para desgracia de los afectados, el Gobierno y sus socios han decidido prorrograr un año más este escudo, es decir, el Real Decreto 11/2020. 

La desesperación de los afectados es tal que muchos de ellos no pueden permitirse mantener la situación mucho tiempo, los gastos les ahogan y recurren a empresas de desokupación para acabar con el problema ante la protección del Gobierno y las manos atadas de la Justicia. 

Es el caso de Marta Pérez, propietaria de una vivienda en Torrejón de Ardoz. En el piso vivía su hija junto a su pareja, pero la relación terminó y el novio decidió 'okupar' la casa. Marta y su hija son autónomas y responsables de una escuela infantil, por lo que llamaron a una empresa de 'desokupación' ante la imposibilidad de asumir los gastos que provocaba su okupa. 

Insistimos, la desesperación y la desprotección es tal que estas dos mujeres pagaron 3.000 euros a la empresa de desokupación, y el dueño de la misma hizo su trabajo pero se metió el mismo de okupa. 

"Lo estamos pagando todo y este individuo lleva dos años ahí dentro gratis. La 'okupación' está apoyada por el gobierno", decía desesperada la propietaria en 'El Análisis: Diario de la Noche' de Telemadrid.

Pese a la mala experiencia, han contratado otra empresa de desokupación para echar a desokupador okupa, pero éste ha instalado una mirilla telescópica que dificulta el trabajo. Además las propietarias denuncian que lleva una vida de lujos con coche, moto y disfrutando a su costa de una vivienda con piscina. Mientras Marta se muestra indignada por vídeos como el de Sánchez enseñando La Moncloa, "cuando los autónomos tenemos un pie en la cabeza desde que nos despertamos y pagamos muchísimos impuestos.