El Constitucional de Conde-Pumpido ha blindado la Ley Montero del aborto
El imparcial Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido no descansa, y este martes ha avalado la mayor parte de Ley de Vivienda, tras estudiar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra una serie de artículos de la norma.
El Gobierno andaluz acordó interponer este recurso de inconstitucionalidad contra la Ley tras obtener el dictamen positivo del Consejo Consultivo, que coincidía con el dictamen de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico porque la norma "invade competencias en materia de vivienda exclusivas recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía".
Para la Junta "el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda", y desde esa consideración proponía la impugnación ante el Tribunal Constitucional de "toda la regulación recogida en la Ley Estatal de Vivienda en torno al concepto de vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, gran tenedor y parque público".
Pero la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Segoviano sólo ha declarado inconstitucionales y nulos dos apartados de la norma aprobada en mayo de 2023: el artículo 16, que recoge los principios que rigen la vivienda protegida; y parte del artículo 19.3, relativo a la colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado.
Como era de esperar, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lo ha calificado de "buena noticia" y considera que el alto tribunal ve el texto "no solo necesario sino imprescindible". Según el ministerio que dirige Isabel Rodríguez, el TC "refrenda la competencia del Estado a la hora de garantizar una vivienda asequible y digna" y es una "reivindicación" de la competencia del Estado de actuar para "regular el acceso a la vivienda".
Esta es la primera resolución, pero será el camino señalado para el resto de revisiones que se harán a los recursos que presentaron el Govern de Baleares, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Parlament catalán y los diputados del PP en el Congreso sobre la Ley de Vivienda.
Al conocerse la sentencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la norma, que considera que es "lesiva para las competencias autonómicas". Ha recalcado que allá donde "se ha aplicado sin límites ha conseguido efectos devastadores", ya que "ha multiplicado la okupación" y "ha hundido la oferta del alquiler", lo que ha provocado el aumento de "los precios".
Y ha denunciado las políticas "intervencionistas" y "arbitrarias" que "van contra el mercado, que bajo evidentes criterios de regulación tiene que ser libre". "Limitar los precios, intervenir la vivienda de los particulares, poner esas trabas al emprendimiento, a la compra, el alquiler o cualquier otra acción libre que nace de manera voluntaria del ciudadano y de la empresa siempre contrae consecuencias nefastas que debemos evitar, al menos desde este motor económico que es Madrid.
Algo que no sólo es que lo diga Ayuso, sino numerosos expertos y hasta el Banco de España.
