Cuando todo esto termine, si es que termina alguna vez, harán falta varios tomos para explicarlo o serán necesarias varias temporadas de una serie que se podría llamar ‘El cuarteto del Peugeot’, con el subtítulo ‘Cuando los únicos que dicen la verdad son una prostituta y un etarra’.

Ahora en serio, el encarcelamiento de Santos Cerdán ha marcado un antes y un después, tanto en el PSOE como en el Gobierno. Ahora bien, lo que más teme Pedro Sánchez en estos momentos no es lo que pueda decir su ex número tres, sino que José Luis Ábalos cuente el episodio de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y lo teme porque el asunto le afecta a él y ya sabemos que lo que más le preocupa al presidente, y lo único, es él mismo.

El temor de Sánchez es fundado porque Ábalos ha empezado a tirar de la manta y ha apuntado directamente a uno de los intocables del Gobierno: Fernando Grande-Marlaska. Pero es que, además, este viernes ha publicado El Mundo que el presidente de la Audiencia Nacional filtró mensajes a Ábalos sobre la absolución a Trapero, que este reenvío posteriormente a Sánchez. El presidente estaba al tanto de todo.

Lo que está claro es que la presunta corrupción no se limita a tres casos aislados, curiosamente a tres de los cuatro del Peugeot, sino que tiene muchas ramificaciones, por ejemplo, la de Acciona. Efectivamente, la empresa que preside José Manuel Entrecanales aparece varias veces en los informes de la UCO.

La empresa se ha defendido argumentando que ya expulsó al directivo implicado, pero a nadie se le escapa que resulta más que curioso que Acciona, siendo una multinacional, se pusiera a las órdenes de otra empresa mucho más pequeña, Servinabar, para ejecutar las obras de los túneles de Belate, en Navarra. ¿Alguien se cree de verdad que esa decisión la tomó el directivo en cuestión, Fernando Merino, sin el visto bueno de la cúpula de la compañía? Fernando Merino está citado para declarar en el Tribunal Supremo, como investigado, el lunes 7 de julio, junto a Antxon Alonso.

Otros tres empresarios imputados declararon este viernes en el juez del Supremo, Leopoldo Puente. Tanto José Ruz, de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción, como los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR) y cuñados de Fernando Merino (ex de Acciona), negaron haber pagado mordidas a Koldo, Ábalos o Cerdán a cambio de contratos, a pesar de haber mantenido contacto con ellos. Al final, el juez, siguiendo la petición de la Fiscalía, retiró el pasaporte a Ruz y obligó a los tres a presentarse en el juzgado cada quince días. Algo ha visto.

Mientras tanto, Pedro Sánchez intenta retomar la iniciativa política renovando la ejecutiva federal del PSOE y ha comenzado mal: la sustituta de Cerdán como secretaria de Organización, Rebeca Torró, adjudicó dos contratos a una de las empresas investigadas por la UCO en el caso Cerdán.

Y a todo esto, el juez Peinado continúa, incansable al desaliento y, sobre todo a las presiones, con su investigación sobre Begoña Gómez. El magistrado ha solicitado el registro de llamadas de la asesora de Begoña en La Moncloa, Cristina Álvarez. Peinado sigue pendiente de la repuesta del Supremo acerca de la imputación de Féliz Bolaños, a la que se opone la Fiscalía, como era de esperar.

Y esto no ha terminado, ni mucho menos. El verano promete.