Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamosa la actualidad sobre la corrupción  -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.  

Esa operación, Sánchez se la encargó --presuntamente-- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón. 

En relación a este caso, hoy declara ante el juez Pedraz uno de los investigados, Jacobo Teijelo, que además es el abogado del exnúmero 2 del PSOE sanchista, Santos Cerdán. 

Durante su declaración, Teijelo ha reconocido sus visitas a la sede de la Fiscalía General del Estado, junto a Leire Díez, pero no ha aclarado el por qué acogiéndose al secreto profesional. También ha admitido que el PSOE le contrató para que realizase análisis de actuaciones judiciales --"interpretaciones prospectivas", ha dicho-- que afectaban al partido. Ha negado ser miembro de 'la cloaca'. Y también se ha autocalificado como víctima de una persecución judicial. 

También en relación al caso Leire Díez, hoy se han publicado  algunas informaciones.

Por ejemplo, según el Mundo, el vicelehendakari y secretario general del PSE-EE de Vizcaya Mikel Torres intercambio un total de 1.288 mensajes con Leire Díez, en el marco del préstamo de 112,8 millones de euros en 2021 a la empresa vasca Tubos Reunidos. En este rescate también aparece el nombre del expresidente del PNV Andoni Ortuzar. En concreto, hubo una reunión y mensajes de la trama corrupta de las cloacas del PSOE con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para que el Gobierno Sánchez rescatara a Tubos Reunidos con el fondo para empresas estratégicas de la SEPI (el cual se nutrió con fondos europeos). Finalmente, Tubos Reunidos recibió un rescate en forma de préstamos por 112,8 millones, pero no los ha devuelto…, como recogió Hispanidad. 

El mismo medio, El Mundo, dice que un consejero de la presidenta de Navarra María Chivite, de nombre José María Aierdi, adjudicó vivienda pública a Servinabar, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que está en  el epicentro del caso. 

Por su parte, OK Diario informa de que Leire Díez entregó varios informes comprometedores a Alejandro Torrús, mano derecha del ministro Pablo Bustinduy, entre ellos uno sobre el fiscal Grinda. 

2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: como recogió Hispanidad, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".  Cabe recordar también que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante SL percibió importantes cantidades procedentes de compañías privadas, entre los años 2020 y 2025, a cambio de trabajos de consultoría. A la vez, Análisis Relevante pagó a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en esas mismas fechas, unos 660.000 euros por trabajos de consultoría y maquetación. 

Y el juez Calama ha emitido un auto para conocer el origen de las filtraciones. A partir de ahora, ni las acusaciones ni la defensa tendrán acceso a toda la infomración. Sölo él mismo y la Fiscalía tendrán acceso a los vídeos del interrogatorio. 

Como recogió ayer Hispanidad, Julio Martínez ha sido llamado a declarar por el juez Calama como investigado el próximo 21 de julio.

Hoy la novedad ha sido que la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que declare la "nulidad general de las actuaciones" y, en particular, de 11 resoluciones claves, por supuestamente, ahber vulnerado sus derechos fundamentales, informa El Español. Ya lo dijimos ayer: la estrategia de la defensa de Zapatero es poner palos en las ruedas a la instrucción del juez Calama y su defensa ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso si el magistrado no acredita qué resolución judicial le autorizó para conseguirlas. Es decir, que la estrategia de Zapatero no es negar los graves delitos que se le imputan sino tratar de desactivar las pruebas alegando para ello defectos de forma en la manera de conseguirlas, etc.  

Por su parte, el juez Calama ha ordenado a los juzgados de la Plaza de Castilla investigar la filtración de chats de WhatsApp entre el expresidente del Gobierno y su secretaria, Getrudis Alcázar. En un auto, el magistrado acuerda también que se forme una pieza de “información sensible” en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados en esta causa y que será accesible únicamente para el juzgado y el Ministerio Fiscal. 

En relacion a este caso, un nuevo informe de la UDEF de la Policía nacional entregado al juez Calama revela que Zapatero cobró una comisión ilegal de 200.000 euros por mediar a favor de una empresa peruana ante las autoridades de  Bolivia. 

Y lo hacía dando apariencia de legalidad a mordidas por medio de empresas pantalla, así como ejerciendo "influencias ilícitas" y liderando una "organización criminal" --no era un lobista-, todo esto según la UDF. 

Es decir, que a Zapatero cabe denominarle ya como un 'comisionista internacional', pues supuestamente cobraba comisiones ilegales en países como Venezuela y Bolivia, como mínimo. Aunque todavía queda mucho por saber sobre la República Dominicana, para muchos el epicentro de la corrupción sanchista... 

De hecho, Víctor de Aldama ha llegado a decir sobre Zapatero y la República Dominicana: "Que explique por qué se montó en mi avión privado" para ir de Caracas a Santo Domingo. 

Hablando de Bolivia, la expresidenta boliviana Jeanine Áñez es entrevistada hoy en ABC, donde declara: «Evo Morales está enfermo de poder, se ha convertido en el mismo diablo». La exmandataria boliviana fue liberada tras permanecer casi cinco años de cárcel por una persecución política. 

Volviendo a Zapatero, los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla cenaron con él cuando ya se acumulaban las sospechas, según El Debate y OK Diario. 

Además, El Debate añade que Zapatero se citaba en secreto con políticos y empresarios en los hoteles de su gran amigo Antonio Catalán (AC Hoteles). 

Por otra parte, en las agendas de la secretaria de Zapatero, Gertrudis, se han encontrado anotadas muchas reuniones con Pedro Sánchez y sus ministros, y ello mientras cobraba a empresarios millones de euros por influir ante  ante los gobiernos de España y otros países y ascienden conseguir beneficios para ellos. 

3.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres comparecieron ante el juez el pasado lunes 15 de junio y seguimos a la espera de la decisión del juez Peinado sobre qué medidas cautelares adopta para los tres encausados en la causa principal. 

Ahora bien: el juez Juan Carlos Peinado abrió una nueva pieza separada, después de recibir nueva documentación que le ha enviado la Fiscalía Europea.

En esta pieza separada dentro del mismo caso Begoña Gómez, el juez Peinado va a investigar si se produjeron presuntos delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la UE, por supuestas irregularidades en un contrato público recibido por el empresario Juan Carlos Barrabés.

Ayer, Begoña Gómez entregó el pasaporte al juez Peinado. Pero su defensa --que acusa al juez de realizar una "investigación prospectiva"-- ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid ese tipo de medidas cautelares.  

A todo esto, nos habíamos olvidado del caso Tito Berni, el exdiputado socialista de nombre Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Pues bien: la Fiscalía pide para él 8 años de cárcel por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y organización criminal, en el denominado Caso Mediador, en el que la justicia investiga ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, y también extorsiones a cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas. Además, se descubrieron fiestas relacionadas con la trama que incluían prostitución, alcohol y drogas.