Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las fechorías ilegales, inmorales y de todos los pelajes que cometen, a veces presuntamente y otras ya no presuntamente, miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Plus Ultra-Zapatero: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, un rescate en el que pudieron haberse cometido ilegalidades.
En relación a este caso, Libertad Digital publica hoy que el Tribunal de Cuentas avaló en 2024 el rescate de Air Europa y Plus Ultra por medio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según el informe de este tribunal -presidido por la socialista Enriqueta Chicano- los órganos de decisión "aplicaron un procedimiento adecuado". Sin embargo, ambos rescates están actualmente en el punto de mira de la justicia.
2.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego.
En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que la semana pasada fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
Según The Objective, la empresa Promociones Inmobiliarias Ku-Ma (administrada por un empresario al que la UCO considera el recaudador de la trama SEPI) prestó 300.000 euros a Servinabar (la empresa propiedad de Joseba Antxon Alonso y Santos Cerdán) a los pocos días de que el Tribunal Supremo asumiese la investigación sobre José Luis Ábalos.
También dentro de la primera derivada del caso Leire Diez, surgió el nombre de la empresa Forestalia, que cobró gran fama hace unos años por ser la gran adjudicataria en las subastas de las energías renovables y que está siendo investigada por presunta corrupción.
Según El Mundo, al funcionario que plantó cara a Forestalia, negándose a aprobar sus molinos, le echaron pero luego la Justicia le rescató.
