Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: como recogió Hispanidad, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".  Cabe recordar también que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno y está citado a declarar el próximo 21 de julio ante el juez del caso. 

Según informa hoy The Objective, ante esa declaración, Julio Martínez habría tomado la decisión de colaborar con la justicia, aconsejado por su abogada, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, y por su familia. Ahora bien: lo que no se sabe es si esa ayuda en la investigación perjudicará de alguna manera a Zapatero… 

2.-Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: A) contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y B) operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego y también por el juez de la AN Santiago Pedraz. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que  fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018 y con el que hizo "vida de pareja" en un hotel de Cabo de Gata (Almería), entre el 16 y el 19 agosto de 2021, es decir, dos años después de su salida de la SEPI, según un testigo.

En relación a la SEPI, hoy ha habido una importante novedad y es que el juez Pedraz ha citado a declarar como testigos, el próximo día 15 de julio, a los dos fiscales que se reunieron con la fontanera del PSOE Leire Díez en marzo y en abril de 2025 en la sede de Fiscalía General. Ellos son el exteniente fiscal Diego Villafañe --mano derecha del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz-- y la fiscal adscrita Beatriz López. Y dependiendo de ambas declaraciones, la acusación popular --coordinada por el PP-- se reserva la petición de que declare también García Ortiz. 

Cabe recordar que el juez Pedraz imputó el pasado 29 de junio a su actual presidenta Belén Gualda y a otras 25 personas, también en la dercivada de la SEPI. 

Hoy El Español publica el acta de una reunión de la trama Leire, celebrada el 6 de julio de 2021, en la que se alude a la "promesa" de Belén Gualda de aprobar el rescate para Tubos Reunidos.

El Economista destaca hoy que Vicente Fernandez retuvo el control de la SEPI tras dejar la presidencia, llegando incluso a tener acceso a información relevante y dando órdenes a los técnicos.

Mientras que El Mundo revela que una de las directivas imputadas en la rama de la SEPI, Teresa Castillo --directora de Desarrollo Corporativo de la empresa pública de defensa Isdefe--, ha decidido dimitir y poner su cargo a disposición "por respeto" a la entidad y para no perjudicar a su institución durante el proceso judicial, lo que deja a los pies de los caballos a Belén Gualda, que todavía no ha dimitido. 

Una Belén Gualda que también estaría relacionada con el 'caso Acuamed', según una nota de Koldo en su móvil, que hoy publica El Español. 

También en relación al caso Leire Díez, el lunes 29 de junio, la empresaria Carmen Pano ratificó ante el juez Pedraz que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le ofreció 250.000 euros, así como el pago del alquiler del domicilio donde ella vivía por un periodo de entre 5 y 7 años para que cambiase su versión sobre los 90.000 euros en metálico que aseguraba que había llevado a la sede del PSOE. Pues bien, hoy OK Diario añade un dato más: que De la Hoz se comprometió a ‘regalar’ una bodega de vinos a Pano si se desdecía de las bolsas en metálico en Ferraz. 

Volviendo al juez Zamarriego -del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, el otro magistrado que investiga las cloacas del PSOE, junto al juez Pedraz, el cual le pidió que le cediese todo el caso a él, pero no lo ha hecho- , le ha pedido su teléfono móvil al fiscal  Ignacio Stampa, el cual grabó en ese dispositivo el intento de soborno que sufrió por parte de Leire Díez, que en una reunión le ofreció beneficios laborales a cambio de informaciones comprometedoras de Alejandro Luzón, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción al cargo de las principales causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista; del fiscal José Grinda, ex de Anticorrupción, y del juez de la Audiencia Nacional, ahora jubilado, Manuel García-Castellón. El juez Zamarriego quiere que la Policía confirme que el audio no fue manipulado. 

3.-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo condenó, en el caso mascarillas (una trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico) al exministro y exnúmero 2 del presidente del Gobierno, José Luis Ábalos, a 24 años y 3 meses de prisión; y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; mientras que a Víctor de Aldama, al que  condenó a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, le libró de la cárcel por colaborar con la justicia. Pero en el caso Koldo hay otra parte, la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública y de contratos públicos de material sanitario en pandemia (sobre todo en Canarias y Baleares), que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, concretamente por el juez Ismael Moreno, después de que el Supremo se la enviase tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado. En esta parte están siendo investigados el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-.  Y también Víctor de Aldama. 

En la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció ayer martes que la la directora general de la Guardia Civil Mercedes González le informó de una de sus reuniones con la fontanera del PSOE Leire Díez, pero que ese encuentro no estuvo relacionado con la trama de las cloacas. Además, Marlaska afirmó que la trama de de las cloacas estaba "fuera del Ministerio del Interior", rechazando que Interior hubiera participado en maniobras para frenar investigaciones. 

Señor Marlaska, vaya argumento. La trama operaba dentro del Gobierno y del partido, del que usted forma parte. Así que su obligación habría sido perseguirla... 

Como recogió Hispanidad, la televisión de República Dominicana CDN, en su programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, ha emitido un reportaje en el que aparece el nombre del histórico socialista español José Bono vinculado a empresas dominicanas del sector de las energías renovables que habrían podido cometer presuntas anomalías legales. Y una investigación policial de EEUU le salpica en actividades “opacas” de varios dirigentes políticos de aquel país.

Hoy ABC añade que Bono es socio en República Dominicana del empresario español Dimas de Andrés, que recibió adjudicaciones millonarias valoradas en más de 300 millones por proyectos fotovoltaicos en la isla del Caribe. 

Mientras que El Debate destaca que Bono recibió dos viviendas de lujo en Dominicana tras ayudar a montar un macroparque solar de 500 millones.