Proseguimos con nuestro Diario de la corrupción sanchista, en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción  -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas —orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez— para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.

Esa operación, Sánchez se la encargó --presuntamente-- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón. 

En relación a este caso, el juez Pedraz ha interrogado hoy como testigos a dos empleadas del PSOE --Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro--, quienes han confirmado que Leire Díez utilizaba el 'párking' de Ferraz en un sitio que ellas le reservaban, algo no habitual ni tan siquiera para los militantes. Han relatado al juez que, cuando acudía a la sede del PSOE, Díez no dejaba rastro ni en las agendas ni en los listados de visitantes. 

Ambas también se han desligado de cualquier actividad realizada por las cloacas del PSOE, actividades que desconocían, y han argumentado que ellas se limitaban a cumplir las órdenes del por aquel entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, como por ejemplo el pago de viajes a Díez y la reserva de billetes. También se han desmarcado de las operaciones autorizadas por la Gerencia del PSOE. 

Ambas han afirmado desconocer la finalidad de las reuniones en Ferraz entre Díez y el abogado Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset y el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, todos ellos investigados por el magistrado Pedraz.

Por otra parte, ambas han presenciado el volcado de sus teléfonos móviles, pues el juez les pidió que aportasen las comunicaciones, entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por "cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc.), con Santos Cerdán, Ana María Fuentes, Juan Manuel Serrano y Leire Díez. 

Hablando de Cerdán, ha trascendido que el exnúmero dos de Pedro Sánchez busca cambiar de trabajo, si es que las investigaciones judiciales y las posibles penas de cárcel se lo permiten: 

2.- Caso David Sánchez: tras la instrucción de la jueza de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación administrativa (vamos, por haber sido enchufado); y su amigo Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Presidencia de Extremadura en las últimas elecciones regionales, fue condenado a 18 años inhabilitación, como recogió Hispanidad. 

Hoy es noticia que Hazte Oír ha solicitado la devolución inmediata de "cada euro cobrado de forma irregular por el hermanísimo de Sánchez", es decir, un total de 340.572 euros. 

3.-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo condenó el pasado 22 de junio, en el caso mascarillas (una trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico) al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión; y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; mientras que a Víctor de Aldama, al que  condenó a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, le libró de la cárcel por colaborar con la justicia. Pero en el caso Koldo hay otra parte, la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública y de contratos públicos de material sanitario en pandemia (sobre todo en Canarias y Baleares), que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, concretamente por el juez Ismael Moreno (titular del Juzgado Central de Instrucción número 2), después de que el Supremo se la enviase tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado. En esta parte están siendo investigados el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-.  Y también Víctor de Aldama. También es investigada en este caso la empresa navarra Servinabar, propiedad de Joseba Antxon Alonso, asimismo imputado. 

Pues bien: el juez Moreno ha incorporado a la instrucción del caso la adjudicación de las obras de los túneles de Belate (Navarra) realizada por el Gobierno foral (presidido por la socialista María Chivite) en 2024, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por las constructoras Acciona-Osés-Servinabar, por valor de 62,8 millones de euros. La  Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil va a enviar al magistrado documentación nueva. 

También en relación al caso Koldo, la UCO ha redactado un informe en el que demuestra la intervención de Isabel Pardo de Vera (expresidenta de Adif) y de Koldo García, en la contratación de Jéssica Rodríguez, examante de José Luis Ábalos (otro exnúmero 2 del PSOE), que fue 'enchufada' en la empresa pública Ineco. 

Hablando de Ábalos y Koldo, y de nuevo de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habría descubierto --durante su investigación en el caso Koldo-- nuevos indicios sobre las intervenciones de Ábalos y de Koldo García en el rescate de Air Europa. Recordemos quem, en el caso Air Europa, el juez José María Escribano -del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid- investiga el rescate de la aerolínea Air Europa con 475 millones de euros de dinero público, en noviembre de 2020. El juez ha hecho caso a las denuncias de Partido Popular y Vox por un presunto delito de prevaricación administrativa. En concreto, porque presuntamente Air Europa no cumplía los requisitos para el rescate, ya que tenía una deuda de 59 millones con Hacienda.

4.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró el pasado 17 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".  Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. También cabe recordar que tanto el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola (no confundir con Julito) como el CEO, Roberto Roselli, reconocieron mediante sendos escritos remitidos al juez, el papel de Zapatero en el rescate.

Hoy se ha conocido que las hijas de Zapatero han firmado recientemente (en junio y julio) las nuevas cuentas de su su agencia de marketing digital Whathefav, que cuantifican en 2.169.246 euros el volumen de negocio. 

Las hijas de Zapatero serán llamadas por el juez Calama a declarar como imputadas después de que lo hagan el 7 y 8 de septiembre los también imputados Julio Martínez Sola (presidente de Plus Ultra) y Roberto Roselli, CEO de la aerolínea.