La ministra de Igualdad ha aludido a que 68 menores han sido asesinados desde 2013... Y en 2023, "A 9 de marzo, los niños asesinados por sus progenitores son seis"... a dos les mataron sus padres y a cuatro sus madres, recordaba Juan Soto Ivars.

Ha sido durante la rueda posterior del Consejo de Ministros, cuando Ana Redondo ha hecho tal alusión. Un Consejo de Ministros donde se ha aprobado el proyecto de la Ley de violencia vicaria para proteger a las mujeres y que prevé la privación automática de la patria potestad a padres -varones- condenados. Por tanto, la ley no contempla como violencia vicaria los casos en los que una madre pudiera maltratar o asesinar a sus hijos con la finalidad de perjudicar al padre, una circunstancia que ha generado críticas por parte de quienes consideran que el concepto debería aplicarse con independencia del sexo del progenitor.

Por cierto, la ministra explica que el proyecto se ha trabajado "de abajo a arriba, con las asociaciones de madres protectoras, con las asociaciones de víctimas". ¿También con la de la presidenta de la asociación que se enfrentó a la señora Redondo a cuenta de los fallos en las pulseras telemáticas, distribuidas por el ministerio de Igualdad a las mujeres maltratadas?

El Gobierno aprueba la nueva ley tras meses de debate entre los diferentes ministerios que han participado, el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y el Juventud e Infancia, y se plantea como la primera ley integral sobre violencia vicaria, remitida ahora al Congreso.

La norma contempla además que la violencia vicaria pase a ser un agravante de la violencia de género e incluye la modificación del Código Civil para que tanto los menores de edad como los mayores con discapacidad necesitados de especial protección sean obligatoriamente escuchados por un tribunal antes de acordar un régimen de custodia o de visitas, entre otros aspectos.

Además, cuando existan indicios fundados o cuando un progenitor esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual del otro cónyuge o sus hijos, se podrá acordar que la patria potestad sea ejercida de forma exclusiva por el otro progenitor. ¿Señora Redondo, aplicamos aquí la regla del progenitor A (padre) y el progenitor B (madre), o sólo lo aplicamos al A?

Porque, desgraciadamente, al igual que los padres matan, también hemos asistido a casos en los que son las madres las que acaban con las vidas de sus hijos.

Por otra parte, la nueva norma también contempla una pena accesoria que prohíbe que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes, para evitar así que se repita lo que sucedió con el libro 'El odio' sobre el asesino José Bretón, encarcelado por matar a sus dos hijos.

Una vez más, Redondo ha alertado sobre los "discursos negacionistas"- haciendo referencia a Vox- para denunciar que los "negacionismos siempre agravan más los problemas".

En este punto, recordemos las Jornadas sobre Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina, organizadas por el partido de Abascal, en septiembre de 2025. La última mesa estuvo moderada por la diputada de Vox por Cádiz, Blanca Armario, quien criticó duramente las políticas socialistas y del Partido Popular afirmando que estas leyes han sido diseñadas para «dividir, para separar, para generar odio, para crear desigualdad» y, en última instancia, para «destruir a la familia», lo que a su vez provoca la destrucción de la sociedad y la nación. Armario destacó que las víctimas principales son los más vulnerables, hijos y nietos, especialmente en contextos de divorcios donde los menores son utilizados «como arma arrojadiza, como moneda de cambio, como chantaje», agravado por denuncias falsas que arrojan al vulnerable «a una mentira». Además, la diputada calificó la Ley Integral de Violencia de Género como «un absoluto y completo fracaso», ya que no ha reducido el número de víctimas ni ha promovido la «armonía dentro de una convivencia», responsabilizando tanto al PSOE como al PP de esta irresponsabilidad, y ha asegurado que Vox ha llegado para «daros voz, para luchar siempre por la libertad» y preservar la presunción de inocencia y la figura familiar completa, esencial para la salud mental, física y social de los menores.

De vuelta a la nueva ley de Violencia Vicaria, fuentes del Ministerio de Juventud han destacado que la norma incluye las modificaciones planteadas como la eliminación la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo que se recogía en un nuevo artículo del Código Penal ya que, siguiendo las advertencias de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional, la nueva tipificación "impide que las madres protectoras queden en una situación de inseguridad jurídica, evitando así su criminalización". Las madres protectoras de Irene Montero, como Juana Rivas (condenada por sustracción de menores tras desaparecer con sus dos hijos y que recibió después un indulto parcial), María Sevilla (quen fuera asesora de Podemos detenida después de que sustrajera a su hijo en 2019 y lo tuviera apartado de su padre, oculto en una finca de Cuenca y sin escolarizar) o, Irune Costumero fue la madre que llevó al banquillo a responsables del servicio vizcaíno de infancia por haberle “arrebatado” a la niña alegando que sufría síndrome de alienación parental (SAP), negado por organizaciones médicas.

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Por último, la nueva norma pone también el foco en la idea de que hay que escuchar a las personas menores de edad, "evitando así los automatismos que primaban hasta ahora".