Recordemos el discurso con el que los españoles fuimos honrados en el que Don Pedro Sánchez, salía en escena y aclaraba que la okupación es un bulo: "Los bulos han hecho que el 34% de los ciudadanos teman que les ocupen su casa, cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas del país".

Pese a ser un bulo, los casos son diarios. Unos mensajes filtrados demostraban que Sánchez reconoció a Ábalos el chollo que era su decreto antidesahucios: la okupación crece, también en la Sareb de Sánchez, y hasta RTVE ha reconocido algún que otro caso. Es más, es un bulo, pero Pedro votó a favor de una ley antiokupas.

Aunque nuestro presidente lo niegue, España tiene un problema con la okupación, y ese problema lo ha causado la Ley de Vivienda social-podemita y el Real Decreto 11/2020. En un arranque de derechos sociales el Gobierno aprobó el Real Decreto 11/2020, "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19".

Una de las medidas fue la "Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional". Es más, el Real Decreto fue extendido y a día de hoy esta norma sigue en pie. Es decir, que si, por ejemplo, en la vivienda reside un menor o una persona con discapacidad, no se podrá proceder al desalojo, porque son considerados vulnerables.

Decreto que lleva prorrogado durante 5 años, 11 prórrogas en las que ni el Gobierno ni sus socios han cambiado una coma, y el cual es una ruina absoluta para los propietarios.

Parece que los señores y señoras diputados se han dado cuenta y el Congreso ha exigido al Gobierno derogar la Ley de Vivienda por la "inseguridad jurídica" que genera. 

Ha sido a iniciativa del PP, que pide al Gobierno derogar su norma aprobada en 2023 ante el incremento de la "inseguridad jurídica, la subida de precios en el sector, la reducción de la oferta y un incremento de la ocupación e inquiocupación". Ha conseguido prosperar gracias al voto favorable de Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Enfrente se ha situado el resto del hemiciclo y no se han producido abstenciones.

Además de este punto, también se ha aprobado otro para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes, éste con el apoyo del PSOE y el rechazo de Sumar. Por último, la Cámara Baja ha dicho no a otra idea de los 'populares' para "acabar con la ocupación ilegal de viviendas e inquiocupación, garantizando que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda sean expulsadas "en un plazo de entre 24 y 48 horas". La iniciativa sólo ha contado con el apoyo de PP, Vox y UPN, mientras que el resto de partidos han votado en contra.

Pero tranquilos, Sánchez sigue pensando que la okupación es un bulo y que en materia de vivienda, lo borda, asi que seguirá prometiendo casas para todos... sin construir.