En España, las principales asociaciones de fiscales son la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
De estas tres, la mayoritaria es la Asociación de Fiscales (AF), que el pasado 10 de octubre pidió al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que suspenda el Pleno del Consejo Fiscal previsto para el lunes 20 de octubre.
La principal razón que aduce la Asociación de Fiscales (AF) es fácil de entender y hasta de compartir: «La celebración del mismo resulta totalmente inoportuna hallándose Álvaro García Ortiz en vísperas de ser enjuiciado por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de un hecho delictivo en el ejercicio de su cargo», en concreto, a tan «sólo dos semanas antes del comienzo del juicio señalado en la Causa Especial 20557/2024 del Tribunal Supremo».
Como se recordará, el Tribunal Supremo enjuiciará a García Ortiz por la presunta filtración de datos confidenciales --en concreto, fiscales-- de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). El fiscal general será juzgado entre el 3 y el 13 de noviembre en seis jornadas (los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13) en sesiones de mañana y tarde.
La AF añade: «No puede obviarse la situación procesal del fiscal general del Estado y su incidencia en la actuación» en sus responsabilidades habituales. Y «coherentemente con la postura que hemos venido sosteniendo desde la reunión de 17 de octubre de 2024, convocada por el fiscal general del Estado para hacernos partícipes de su decisión de seguir ejerciendo sus responsabilidades, los vocales firmantes reiteramos que la posición procesal» del mismo «está llevando a un progresivo y alarmante deterioro de la percepción ciudadana del Ministerio Público», han proseguido desde la AF.
Los seis vocales firmantes de esta petición han sido Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva Mas, Miguel Rodríguez, Beatriz Sánchez y Roberto Valverde.
