María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno, del PSOE, exige que el receptor del salario mínimo pague IRPF. La vicepresidenta segunda, de Sumar, Yolanda Díaz, asegura que no. Tiene razón Yolanda. Es una mezquindad cobrarle el IRPF a quien no cobra nada.

Tanto una vicepresi como la otra afirman que el receptor del SMI, para ser más exactos, el empleador de ese receptor del SMI, debe pagar las tremendas cotizaciones sociales que comporta. 

Ya hemos dicho que con la nueva subida, el obrero del SMI (empleadas del hogar, camareros, porteros de finca, algunas funciones agrícolas) se meterá en el bolsillo poco más de 1.000 euros (y eso si no tiene que pagar IRPF, que el 20% si tendrá que hacerlo) mientras que entre todos los extras de la nómina y, sobre todo, el pago de cotizaciones sociales, el empleador tendrá que pagar más de 1.500 euros.

Por tanto, ni Marisu ni Yoli tienen razón: el receptor y los empleados del SMI no deben pagar impuestos de ningún tipo, y el neto y el bruto deben igualarse. Eso es lo justo y lo demás son pejigueras políticas, muy abundantes en estos siglos.