Isabel Celaá ha diseñado una ley de educación con dos características: 

1.Eliminar la enseñanza concertada, mayoritariamente católica, en su inmensa mayoría.

2.Acabar con el esfuerzo; ponérselo fácil a los alumnos vagos. 

Y a los profesores vagos, porque, con todas las excepciones que se quiera, y ciertamente hay muchas, los profes de la privada trabajan más hora que los de la pública. 

En cualquier caso, exigir esfuerzo y disciplina no es bueno para personas como Isabel Celaá: atenta contra el principio de igualdad, de igualar por lo bajo. 

Como buena radical, Celaá se esconde tras unas formas delicadísimas... y miente más que habla. 

Recuerdo que durante su presentación como ministra portavoz del Gobierno y titular de Educación, en Moncloa, le pregunté en alta voz si la enseñanza concertada tenía algo que temer con su llegada al Gobierno. Celaá me respondió con un rasgado de vestiduras: ¡por favor, no me ofenda! La enseñanza concertada no tiene nada que temer.

Fue la primera de una de sus incontables mentiras como portavoz del Gobierno, Celaá suprimió la demanda social -criterio básico- como requisito inatendible por el Gobierno. Con la demanda social es como se han creado los colegios concertados: el promotor se armaba con las firmas de miles de padres que exigían un colegio en un lugar determinado y la Administración, con muchos matices, tenía la obligación de atender esa demanda social. Pues bien ese es el principal ataque de la Lomloe, además de ratificar el destierro de la asignatura de religión de las escuelas española. 

Y ahora, embajadora en el Vaticano. Y ¡ole, ole y ole!