Sr. Director:

Cuando no puedes convencer y ganar elecciones... Muy sencillo: Se cambia el censo de votantes.

Nacionalidad, regularización y voto: lo que está haciendo Pedro Sánchez

Hay decisiones políticas que no se anuncian, no se explican y no se debaten. Y, sin embargo, son las que cambian un país.

Mientras España discute sobre asuntos menores, el Gobierno de Pedro Sánchez actúa en lo esencial: quién forma parte del cuerpo político y en qué condiciones.

No ha reformado la ley electoral. Ha hecho algo más eficaz: ampliar, por distintas vías, el número de quienes pueden votar.

Lo hace mediante tres caminos que, considerados por separado, podrían parecer medidas administrativas. Considerados en conjunto, constituyen una transformación de gran alcance:

  • la regularización de extranjeros en situación irregular,
  • la concesión extraordinaria de la nacionalidad,
  • la reagrupación familiar, que multiplica el número inicial.

Todo ello sin Presupuestos nuevos, sin cálculo detallado de costes y sin una explicación pública proporcionada a la magnitud de lo que se pretende.

No se sabe con exactitud cuántas personas viven en España sin permiso. No se ha explicado cuánto costará su incorporación al sistema. No se ha detallado cómo se absorberá el efecto en sanidad, enseñanza, vivienda, administración o justicia.

Y, aun así, se sigue adelante.

Regularizar no es firmar un documento. Es abrir la puerta a derechos efectivos: sanidad, escuela, ayudas públicas, posibles prestaciones económicas en el futuro. Todo ello exige recursos.

Unos recursos que alguien paga.

La administración ya muestra signos claros de saturación: retrasos en trámites, oficinas desbordadas, listas de espera en sanidad, aulas con exceso de alumnos, servicios sociales al límite. Y, sin embargo, se añade más carga sin reforzar los medios.

Al mismo tiempo, la nacionalidad se concede en masa a personas que no viven en España. Basta acreditar un origen familiar. Y con ella llega el voto.

Quien no reside aquí decide sobre quienes sí lo hacen.

Mientras tanto, los saharauis —habitantes del Sáhara Occidental, antigua provincia española— ven rechazadas sus reclamaciones incluso por el Tribunal Supremo de España, pese a que la Organización de las Naciones Unidas sostiene que su proceso de descolonización no se ha cerrado plenamente.

No hay criterio uniforme. No hay coherencia. Hay decisiones acumuladas sin un plan claro.

Y la pregunta sigue en pie: ¿quién paga esto?

Porque cuando no puedes convencer al votante, siempre queda una opción: cambiar al votante.

LO QUE HAY DETRÁS

Todo lo anterior no es una consigna. Es la síntesis de una serie de hechos que conviene ordenar.

El primero es elemental: no se sabe con precisión cuántas personas viven en España sin permiso. Se manejan estimaciones, pero no existe una cifra cerrada.

Tampoco se sabe cuántas trabajan en la economía sumergida ni cuántas podrían acogerse a una regularización.

Se actúa, por tanto, sin haber contado antes.

Y si no se sabe cuántos son, tampoco se sabe cuánto costará su incorporación al sistema.

UN ESTADO SIN CUENTAS NUEVAS

A esto se añade un dato decisivo.

España lleva años sin aprobar unos Presupuestos Generales nuevos. Se gobierna con cuentas prorrogadas que no reflejan la situación actual.

Eso implica:

  • ausencia de un plan económico actualizado,
  • falta de previsión realista de ingresos y gastos,
  • debilitamiento del control parlamentario.

Y, aun así, se adoptan decisiones que generan obligaciones permanentes.

DERECHOS QUE EXIGEN MEDIOS

Regularizar no es un gesto simbólico. Supone acceso a derechos concretos:

  • sanidad pública,
  • educación,
  • ayudas sociales,
  • posibles prestaciones económicas en el futuro.

Cada uno de estos derechos exige:

  • personal,
  • infraestructuras,
  • financiación sostenida.

Nada de esto es gratuito. Si no se calcula el coste, no se gobierna: se asumen compromisos sin saber cómo se sostendrán.

UNA ADMINISTRACIÓN AL LÍMITE

La administración ya muestra signos claros de saturación:

  • retrasos en trámites,
  • oficinas desbordadas,
  • lentitud judicial,
  • servicios sociales sobrecargados.

Introducir más demanda sin reforzar los medios no es neutro. Tiene consecuencias.

EL EFECTO QUE CASI NUNCA SE EXPLICA

La regularización no termina en quien la obtiene.

Después llega:

  • la residencia estable,
  • el acceso pleno a servicios,
  • la posibilidad de nacionalidad,
  • la reagrupación familiar.

Y ahí está la clave.

Donde hoy hay una persona, mañana puede haber varias. No es una suma simple. Es un crecimiento en cadena.

LOS MENORES: ENTRE LA PROTECCIÓN Y LA REALIDAD

El asunto de los menores extranjeros añade otra dificultad.

El principio es claro: un menor debe ser protegido.

Pero la práctica plantea problemas:

  • no hay cifras homogéneas,
  • la edad no siempre se acredita con certeza,
  • existen casos en los que se comprueba posteriormente que no eran menores.

Esto introduce un incentivo evidente. Además, con el tiempo, esos menores pasan al sistema general. El mecanismo funciona, en muchos casos, como una vía de entrada.

UNA CUESTIÓN DE FONDO

Conviene plantearlo con claridad: ¿Puede un Estado asumir sin límite la incorporación de nuevos usuarios a su sistema de servicios?

La respuesta es evidente: no. Los recursos son limitados. Los derechos requieren medios. Y esos medios no son infinitos.

NACIONALIDAD: UN CAMBIO DE SENTIDO

La ampliación del acceso a la nacionalidad, especialmente mediante la Ley de Memoria Democrática, introduce un cambio relevante.

Se concede a personas que:

  • no viven en España,
  • no trabajan aquí,
  • no han contribuido al sistema.

Basta acreditar un origen familiar. La nacionalidad deja de apoyarse en la vida real y pasa a depender de documentos.

DEL PASAPORTE AL CENSO

Quien obtiene la nacionalidad entra en el censo electoral. Aunque no resida en España. Aunque no utilice los servicios públicos.

Y, sin embargo, participa en las decisiones políticas. Esto no es un detalle menor.

DOS CRITERIOS DISTINTOS

La incoherencia es clara.

A unos se les exige:

  • años de residencia,
  • medios de vida,
  • cierta integración.

A otros no.

Dos reglas distintas para una misma cuestión.

EL CASO DEL SÁHARA

El caso del Sáhara Occidental es especialmente revelador. Fue provincia española. Sus habitantes tenían documentación española.

Y, sin embargo, hoy ven rechazadas sus peticiones incluso por el Tribunal Supremo de España, pese a que la Organización de las Naciones Unidas considera que su proceso de descolonización no se ha cerrado plenamente.

Mientras tanto, personas con vínculos mucho más lejanos acceden a la nacionalidad sin dificultad.

CONCLUSIÓN

Si se juntan todas las piezas, la imagen es clara.

No se trata de una medida aislada.

Se está produciendo un cambio profundo:

  • en la población,
  • en el censo electoral,
  • en la carga sobre los servicios públicos.

Y todo ello sin:

  • cálculo detallado,
  • planificación clara,
  • explicación suficiente.

LA PREGUNTA FINAL

Todo se resume en una cuestión que no admite rodeos: ¿qué puede sostener realmente el Estado español?

Porque si los derechos se amplían sin tener en cuenta los medios necesarios, el sistema se debilita. Y cuando se debilita, lo hace para todos.

Por eso la pregunta sigue en pie: ¿quién paga esto y cómo se mantiene en el tiempo?