Desde que Irene Montero ascendió al Ministerio de Igualdad el feminismo -"lo mejor que le ha pasado a este país"- ha cambiado mucho. Y aunque la titular de Igualdad le ha agradecido a todo el movimiento feminista su colaboración para conseguirlo, parece que no dejan de aparecer grietas en dicho movimiento.

Con motivo del 8M asistimos a una ruptura del movimiento feminista, entre radicales y ultra-radicales. A ambos colectivos les separan la abolición de la prostitución y la Ley Trans pero, sobre todo, que las ultras niegan la existencia del sexo femenino y las feministas clásicas no.

Pues bien, ahora entidades feministas acusan a Montero de asfixiarlas económicamente por ideología. Lo cuenta ABC, que explica que a la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas o la asociación Mujeres para la Salud les avalan más de treinta años de ayuda a la mujer en una situación vulnerable. Maltratadas, violadas, han sufrido incesto, matrimonios forzados o mutilación. Comparten un pasado común y un futuro inmediato casi idéntico, muy borroso: las tres dan voz al descontento de un sinfín de entidades sociales que denuncian el trasvase de fondos subvencionados a través del doble tramo del IRPF y del Impuesto de Sociedades. Es el llamado 0,7 unificado, que gestiona el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Sociales y las autonomías en proporción de 80-20% y que reparten ayudas para el mantenimiento de las entidades solidarias.

Encima, a las que velamos por ellas nos ahogan

«Si no compartes la ideología de Podemos, los dos ministerios (Igualdad y Derechos Sociales) favorecen a otros colectivos y sus plataformas en perjuicio de las pioneras y con mayor trayectoria en España, pero lejanas a sus ideas», dice a ABC Soledad Muruaga, presidenta de Mujeres para la Salud.

Los fondos han llegado, por primera vez en la historia de todos los gobiernos de España, con casi medio año de demora. Las instituciones de ayuda social los están percibiendo desde mayo y todavía son los correspondientes a 2021. Al abrir el sobre de notificación por el Estado, denuncia a este medio Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, se encontraron con una «asfixia de un 71% menos de aportación».

Tras el ‘hachazo’, Mujeres para la Salud se ve obligada, después de despedir a tres trabajadoras, a desprenderse de su sede en la avenida Alfonso XIII de Madrid e irse de alquiler a un pequeño local en la calle Colombia de la capital. Con lo percibido por la venta del inmueble, Muruaga visualiza que «sobrevivirán como puedan los próximos 2-3 años». Porque de otra manera «se deja a muchas de estas mujeres abandonadas», protesta.

Pérez del Campo no oculta su profundo enfado con las ministras Ione Belarra e Irene Montero, a quienes más de una vez en público ha afeado sus políticas ‘queer’ en contra del feminismo. «Precisamente las que presumen de defender a las mujeres golpeadas por violencia de género nos cortan el grifo a las instituciones pioneras, mientras en los últimos días vemos cómo España aparece sembrada de cadáveres por crímenes machistas. No es casualidad, el sistema no funciona y ocurren estas cosas cuando se rebaja el nivel de defensa de las mujeres. Encima, a las que velamos por ellas nos ahogan».

Feministas sí, pero siempre según Irene Montero.