El presidente de la Conferencia Episcopal Juan José Omella ha celebrado durante la mañana del martes una conferencia de prensa conjunta con el abogado Javier Cremades. Se trataba de presentar el acuerdo por el cual el despochado Cremades & Calvo Sotelo para que este realice una auditoría sobre la pederastia clerical en España.

El objetivo es contrarrestar dos iniciativas igualmente venenosas: una comisión de investigación propuesta por Podemos, ERC y demás fuerzas de la izquierda con el honroso ánimo de perpetrar un juicio de sangre contra los obispos de la iglesia española, en el Congreso de los diputados. Pero conste que Gabriel Rufián no lo hace por anticlericalismo.

La segunda iniciativa igualmente venenosa es la de Pedro Sánchez, quien encargó al Defensor del Pueblo, el excura Ángel Gabilondo, la constitución de algo parecido a un tribunal de honor con la misma conclusión preasignada: los obispos son culpables.

Todo ello para juzgar unos abusos -uno sólo es ya escandalosamente repugnante- pero que la Iglesia española han sido mínimos comparado con la de otros países. Y si lo comparamos con la pederastia laical, resulta que los casos protagonizados por sacerdotes representan el 0,2% de la pedofilia global. 

Por tanto, el estudio del despacho Cremades & Calvo Sotelo ya nace muerto y criticado. Insisto, aunque se realice de la forma más honrada del mundo no servirá para nada. 

Por cierto, muy astutos que han relacionado al bufete Cremandes & Calvo Sotelo con el Opus Dei. Por supuesto que hay relación, la más directa, Javier Cremades es miembro supernumerario del Opus Dei. 

De cualquier forma, lo más terrible es que a nadie le importa las víctimas -salvo a las propias víctimas- y menos que a nadie a la clase política española. Y, algunas de ellas no quieren justicia, sólo venganza. Comprensible pero no aplaudible.