Decíamos en Hispanidad que si la Lomloe persigue a la concertada, se preguntan los jueces del TC discrepantes: ¿cómo podrán las familias con menos recursos elegir la educación diferenciada? Y si esas familias más vulnerables -término al que tanto se refiere el Gobierno Sánchez- no pueden acceder a esa educación, no olviden que hablamos de educación concertada, ¿no se está entonces que está atacando a la libertad de enseñanza y, a la vez, a la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos? 

Dice el TC en su sentencia, la cual rechaza el recurso presentado por Vox contra la Ley de Educación o 'ley Celáa', que de la Constitución deriva «un modelo educativo pluralista», pero no que «todos los modelos educativos hayan de recibir ayudas», ni «un derecho subjetivo a la prestación pública». Pero resulta que la concertada -y la privada- le ahorran al Estado unos 11.700 millones de euros... mientras el Estado persigue a la concertada -en su mayoría religiosa-. Esa persecución desemboca directamente en el ataque al derecho de los padres a decidir cómo educan a sus hijos. Con su decisión y en lo que a la financiación de la educación de la concertada se refiere el Tribunal Constitucional considera que la Ley Celaá es conforme a la Carta Magna, por lo que ha rechazado de forma íntegra-con cuatro votos en contra- el recurso de inconstitucionalidad que interpuso Vox y considera que la norma no vulnera el derecho a la educación y la libertad de enseñanza garantizados en el artículo 27 de la Constitución. El Pleno invoca la amplia libertad de configuración del legislador en el desarrollo de estos derechos, el Pleno concluye que la prohibición de financiar públicamente la educación diferenciada no es contraria a la igualdad. Entonces, si hay padres que optan por ese tipo de educación diferencia, el TC viene a decir que se lo costeende su propio bolsillo íntegramente -lo que implica que acudan a centros privados- ya que, según la sentencia del TC: «La diferencia de trato que establece el apartado primero de la disposición adicional 25 de Ley de Educación entre los centros educativos que separen al alumnado por razón de su género, a efectos de poder ser financiados total o parcialmente por fondos públicos, responde a una concepción ideológico del sistema educativo que, no solo no puede ser tachada de arbitraria, sino que, además, está inspirada en valores constitucionales».

Y así, la Lomloe cercena el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, el derecho de los centros a impartir la enseñanza con los valores que decidan, amén del «incremento progresivo» de plazas públicas que prevé la ley Celaá, lo que supone una restricción a la capacidad de elegir de los padres porque cada vez habrá mas centros y plazas públicas y menos concertadas. Es decir, eliminación también del concepto de demanda social. 

Pero ya saben, los hijos no son de los padres... y a los hijos les educa el Estado.