El Gobierno no envía dinero a Madrid y la comunidad se niega a poner en marcha la ley. Entre ambos consiguen retrasar un año las ayudas
Dicen que en la guerra vale todo. Y en España se reinterpreta a Clausewitz haciendo de la política una prolongación de la guerra. Ya es tradición que Moncloa y las diferentes autonomías se pongan zancadillas cuando no coincide el color político. Las autonomías populares, como la de Madrid, han traducido a placer la Ley del Tabaco y han prometido hacer lo mismo con EpC (aún por cumplir). Mientras, el Gobierno cerraba el grifo a la inversión pública en la comunidad y se presentaba sin previo aviso en la inauguración de la T-4 o de la última prolongación del Metro con las consiguientes peleas por la foto.
Ahora los codazos han llegado demasiado lejos. El Gobierno promovió una Ley de Dependencia que tendrían que poner en marcha las Comunidades Autónomas. A cambio, el Ejecutivo destinaría el presupuesto necesario para ejecutar las acciones. En enero de 2007 la ley entró en vigor y en julio del mismo año se anunció que ya era posible solicitar las ayudas. Después de superar las pesadas exigencias burocráticas de la administración autonómica, los primeros que solicitaron las ayudas aún no han visto un euro. Para impedir que el Gobierno se colgara medallas a su costa, Esperanza Aguirre ha frenado las ayudas. Círculo vicioso, porque, para echar a los ciudadanos contra el gobierno autonómico, Zapatero hace uso político del presupuesto público, tan utilizado para regar cuando interesa. En esta ocasión, riego por goteo a conveniencia. Mientras, quienes tienen dependientes a su cargo han visto un retraso de más de un año en las ayudas.
