La Abogacía del Estado no se personará en el caso de las cesiones de crédito. Si la Fiscalía hiciera lo mismo, Botín habría ganado una importantísima batalla cara al juicio que comenzará en 2005. La primera perjudicada será la Hacienda pública que renuncia, de entrada, a cobrar 85 millones de euros. El Gobierno español acentúa su matiz progresista y difumina su imagen socialista

La promesa del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el sentido de que la Fiscalía perseguirá los delitos económicos sin reparar en quién fuera el acusado ha durado poco. Para ser exactos, ha durado hasta que la jueza Teresa Palacios decretara la apertura de juicio oral contra Emilio Botín, Rodrigo Echenique y otros directivos del Banco Santander (ahora Santander Central Hispano) por 38 presuntos delitos fiscales realizados a través del instrumento de las cesiones de créditos.

A mediodía del viernes 8, apenas 48 horas después de darse a conocer la noticia, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, responsable de la Hacienda pública, aseguraba que no veía motivo para que el abogado del Estado cambie de postura. De paso, retaba a los comunistas de Izquierda Unida advirtiendo que no compartía los argumentos del señor Joan Herrera, es decir, del diputado de Iniciativa per Catalunya que el jueves 7 solicitaba al Gobierno Zapatero que pasara de las palabras a los hechos y cumpliera con su obligación de hacer respetar la ley. Ya en tiempos del Felipismo, postura respaldada por el Ejecutivo Aznar, el abogado del Estado se inhibió en el caso. Con eso, y según las cuentas de la propia jueza Teresa Palacios, el Fisco pierde (sin contar sanciones e intereses de moras) unos 85 millones de euros. Curiosamente, y como ya hemos informado en Hispanidad, sí se está persiguiendo el dinero negro canalizado a través de las cesiones en aquellos casos que quedan fuera del sumario que acusa a Botín. En otras palabras, y como dijera uno de los abogados de la acusación particular: Eso quiere decir que si delinques con Botín, el Estado se inhibe; si delinques tú solito, el Estado te persigue.

Al mismo tiempo, y una vez que el Gobierno Zapatero ya ha mostrado su sumisión a los intereses de Emilio Botín, no cabe esperar que el nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, orgánicamente dependiente del Gobierno, cumpla su palabra de reabrir todos los casos de delito económico que, según los socialistas (cuando estaban en la oposición, al menos), el Partido Popular habría dejado escapar mirando hacia otro lado, con el anterior fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, como ejecutor de esta permanente desidia administrativa cuando se trata de perseguir a los poderosos.

En el SCH, las declaraciones de Solbes han sido recibidas con alborozo. Ahora, la Sala de la Audiencia Nacional que juzgará a Emilio Botín no contará con otra acusación que la de Iniciativa per Catalunya y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), pero el Estado, es decir, el perjudicado por el presunto delito, no estará entre los acusadores. Y ya veremos si aparece el fiscal.

Con esta decisión, además, el Gobierno acentúa su imagen progresista y difumina  su condición socialista. Al parecer, el Ejecutivo Zapatero se muestra extraordinariamente audaz cuando se trata de ampliar el aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual o reducir la presencia de la Religión en las aulas, pero cuando se trata de enfrentarse a los poderes económicos se muestra mucho más prudente.