La protagonista de los dos vídeos que tienen a continuación es Kathy Díaz, vive en Barcelona y sufre y sustenta a su inquiokupa desde hace cuatro años, soportando una deuda de 16.000 euros. 

Kathy habla del Real Decreto 11/2020 que aprobó el Gobierno social-podemita, "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19".

Una de las medidas fue la "Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional", es más, el Real Decreto fue extendido y a día de hoy esta norma sigue en pie. Es decir, que si por ejemplo en la vivienda reside un menor o una persona con discapacidad, no se podrá proceder al desalojo, porque son considerados vulnerables.

Además, es complicado identificar si son falsos vulnerables dentro del plazo de 48 horas de desahucio, por lo que la situación que vemos una y otra vez es la siguiente: el juez ordena el desahucio, el inquiokupa alega vulnerabilidad, el juez inicia el plazo para que lo acredite, el inquiokupa no lo acredita, se archiva la pieza, y el proceso de desahucio se reanuda, se marca nueva fecha, pero el inquiokupa vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad, y vuelta a empezar. Mientras tanto, los propietarios no reciben el dinero del alquiler y tienen que seguir pagando hipoteca, luz, gas, agua, comunidad y suministros. Sino, podrían ser acusados de acoso o coacción contra el okupa. 

Y esto es lo que le ha pasado Kathy, que denuncia las altas facturas de agua que llegan de su inquiokupa, que vive sola, pero que le dice que le abre los grifos, por el simple hecho de fastidiar y de actuar con la vulnerabilidad que les caracteriza, por sentirse protegidos por el Gobierno. 

Y como en la okupación vivimos en el mundo al revés, ha sucedido lo que explicábamos más arriba. La inquiokupa ha denunciado a la legítima promietaria, la cual ha sido obligada a restaurar el suministro de inmediato. 

Supuestamente deberían ser los Servicios Sociales y las Administraciones Públicas las que se hicieran cargo de buscar una alternativa habitacional a estas personas, pero la realidad es que con el Real Decreto dejan a los propietarios con la carga de proteger al supuesto vulnerable, lo que provoca que sean ellos los que acaben en situación de vulnerabilidad real.