Suena cada vez con más fuerza la especie de que el sector privado podría emular a la administración y rebajar un 5% los sueldos. O sea, una devaluación sin devaluar. Sería una decisión drástica, durísima y que probablemente provocaría una huelga general. Los sindicatos ya advierten que sería una tremenda ilegalidad. Pero si la reforma laboral es también impuesta desde fuera, es posible que las costuras legales salten, los convenios se conviertan en papel mojado y las empresas vean la oportunidad para ajustar salarios. El argumento es fácil: la administración también lo ha hecho.
En la mañana de este viernes Campa no ha querido contestar a la cuestión. Es una decisión privada en la que no tenemos nada que decir. Pero la especie sobrevuela cada día con mayor nitidez.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
