"El hecho de que el Estado pretenda formar moralmente es la antesala del totalitarismo", señala el presidente de PP, Jaime Urcelay

En la mañana de este lunes se presentaba en la Asociación de la Prensa un informe de Profesionales por la Etica de valoración de los decretos autonómicos que desarrollan Educación para la Ciudadanía. La conclusión básica es que las comunidades populares han tratado de rebajar los contenidos mientras que las socialistas han ido mucho más allá en el proyecto de formación ideológica, ideología de género y extensión del pensamiento relativista. Alguna incluso –como Andalucía- llega a plantear el estatuto de Autonomía como el máximo referente moral.

La conclusión del estudio es que las comunidades socialistas han ido mucho más allá de lo que pretendía el decreto de mínimos, las populares (salvo, sorprendentemente Navarra) han recortado sustancialmente los contenidos más delicados y algunas como Navarra, Aragón, Ceuta y Melilla, "cortan y pegan" el decreto del gobierno.

 

A) Ampliación o explicitación de los contenidos de carácter ideológico o de mayor impacto en la formación de la conciencia moral o el desarrollo afectivo-emocional

Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Castilla – La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco

 

B) Restricción de los contenidos de carácter ideológico o de mayor impacto en la formación de la conciencia moral o el desarrollo afectivo-emocional

Islas Baleares, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana

 

C) Mantenimiento, con carácter general, de los contenidos del RD del MEC de enseñanzas mínimas

Navarra, Asturias, Aragón, Ceuta y Melilla

 

 

 

Es decir, se produce abiertas asimetrías que los libros de texto todavía no han sido capaces de solventar. A esto hay que añadir las "dudas jurídicas" que los decretos de las comunidades populares puedan plantear. O dicho de otro modo: el asunto tiene toda la pinta de terminar en el Tribunal Constitucional por conflicto de competencias. El problema es que hasta que el Constitucional resuelva, muchas comunidades tratarán de adoctrinar a los niños. Algunas –como el país Vasco- señalan explícitamente en su decreto que hay que poner en solfa los criterios de la familia. Todo un dardo en la línea de flotación y en la patria potestad. Por último, destaca Urcelay, Canarias es la única comunidad que regula específicamente cuestiones de bioética: desde el nacimiento de la vida hasta el ocaso de la vida.

Además, el presidente de Profesionales por la Etica plantea que el mero hecho de que el gobierno haya planteado un proyecto ideológico es suficiente para mantener en marcha el proyecto de objeción de conciencia. "Es el deslizamiento hacia el totalismo", concluye. Es decir, la campaña seguirá vigente en los centros públicos, privados y concertados de todas las CCAA.